La institucionalización de prácticas corruptas en México por gobiernos de todas las ideologías —pero perfeccionadas y llevadas al extremo por la izquierda populista—, han impedido el progreso de nuestra nación. A ello se debe la urgencia de crear el Consejo Mexicano de Ética-Política (CME-P) —Asociación Civil sin fines de lucro y con liderazgo moral incuestionable—, para reconstruir el andamiaje institucional y el marco jurídico que permita devolver la confianza, la certidumbre jurídica y el estado de derecho, destruidos por la 4t; restituir la soberanía popular —usurpada a la sociedad por los autócratas—; y la tarea de vigilar a la autoridad —que, empoderada, ahora vigila a la sociedad.
El mandato del CME-P será elevar los estándares éticos en la vida pública mexicana; homogeneizar una gobernanza ética, aplicable a partidos, gobiernos, funcionarios públicos y gobernantes; prevenir y corregir conductas inmorales y antiéticas; impedir el arribo de narcopolíticos; la corrupción sistémica; restaurar la confianza ciudadana en las instituciones; impulsar una cultura de integridad en el gobierno; disuadir con exponer, cuestionar y revisar la actuación pública de quienes tienen antecedentes de corrupción, ineficiencia o vínculos con la delincuencia; y, hacer competitivo al país en el plano ético internacional.
De igual forma, recuperar la transparencia, rendición de cuentas y máxima información en la práctica política; adaptar a nuestra realidad las mejores prácticas éticas internacionales; brindar formación axiológica a políticos y servidores públicos; elaborar códigos de ética, guías de buen gobierno y recomendaciones preventivas; revisar procedimientos institucionales vulnerables a corrupción: licitaciones, contrataciones, servicios, etc.; y, vincularse con instancias internacionales, públicas o privadas, que actúen como autoridad en la materia; por citar algunas acciones.
Entre los productos que identificarán a este organismo ciudadano, estarán: el índice nacional de ética política —de los tres Poderes y los tres niveles de gobierno: Poder Ejecutivo federal, estatal y municipal, con sus cabildos; Poder Judicial y Poder Legislativo: las cámaras de senadores y de diputados, federal y estatales—; el Índice de Ética partidista. Informes de Término de Mandato en los tres niveles de gobierno y los tres Poderes; encuestas públicas para evaluar la percepción social sobre el desempeño ético de los partidos y de la política. Jurisprudencia en ética partidista y política, y auditorias preventivas.
La elegibilidad de precandidatos —dictamen público de “viabilidad ética”— será uno de sus productos centrales. Mediante la solicitud de información a fiscalías, órganos de seguridad pública y nacional, se determinará si son aptos o no aptos para registrar su candidatura a un puesto de elección popular. Si bien queda en una recomendación no vinculante, es indiscutible su peso moral y mediático.
No tendrá facultades para sancionar a nadie, pero sí para calificar públicamente el desempeño y proponer medidas preventivas y correctivas. No evaluará ideologías, sino procesos. Con ello se descartará que candidatos tengan antecedentes de corrupción, penales o vínculos con la delincuencia organizada.
Una vez definidas las candidaturas, invitará a los prospectos a cargos de elección ,a suscribir un compromiso ético que guie su actuar durante el desempeño en el cargo para la cual será elegido; y, una vez en el cargo, extenderá la invitación a los servidores públicos bajo su autoridad, a adherirse.
Por lo que toca a los partidos, los invitará a suscribir convenios de colaboración. El CME-P podrá analizar la situación interna de los partidos, proponer decálogos, metodologías, diseñar e impartir cursos de axiología; y, periodicamente evaluar avances. La solución de conflictos corresponderá a sus instancias intitucionales o a las públicas.
Periodista y maestro en seguridad nacional
