Disentir no es un delito, ni un privilegio, ni una concesión del poder, y mucho menos una muestra de falta de lealtad a la patria o un atentado contra la soberanía nacional -léase contra el pueblo de México-.

Disentir es un derecho inherente a todo ser humano y por tanto a toda sociedad democrática. Derecho que conlleva el derecho a la información plena y veraz de todos los asuntos públicos (por ello atentar, aun sea veladamente, contra la libertad de prensa es atentar contra el derecho de todos los mexicanos).

La libertad de pensamiento permite a cada persona formar sus propias convicciones; la libertad de información permite a cada persona conocer y evaluar sus opciones y así tomar sus propias decisiones: la libertad de expresión le permite exteriorizarlas, incluso cuando resultan incómodas, críticas o profundamente contrarias a quienes gobiernan.

Por lo anterior la defensa del derecho a disentir y que conlleva a la libertad de pensamiento, de prensa y de expresión no puede depender de quién gobierna. La defensa depende de todos los ciudadanos.

Recordemos que una verdadera democracia, a diferencia de un régimen autoritario, no exige ciudadanos obedientes, sino ciudadanos libres para disentir, cuestionar y criticar.

Recordemos también que el camino hacia un gobierno autoritario y finalmente a una dictadura suele empezar cuando quien disiente -ciudadano o medio de comunicación- puede ser señalado, descalificado, perseguido o sancionado por los poderes del Estado a causa de lo que piensa o expresa. Porque cuando un ciudadano o un medio de comunicación debe medir sus palabras por temor a las consecuencias que pueda provocar su crítica al poder, las libertades dejan de ser derechos y estas comienzan a perderse hasta convertirse en una graciosa concesión del Estado.

Denuncia ciudadana:

Denuncia uno: Ernesto Ruffo es un peso político

Los días pasan y Ernesto Ruffo, a quien le han violado una larga lista de derechos humanos y que sin duda alguna es un preso político, sigue detenido en una cárcel de máxima seguridad por puras suposiciones carentes de lógica y mínimo sustento. En cambio, Rocha Moya, Americo Villarreal, Marina del Pilar Ávila entre otros gobernadores morenistas y desde hace unos días Andy López Beltran, y sobre quienes pesan graves acusaciones públicas de estar relacionados con el crimen organizado, siguen tan campantes gozando de la ilegal e inmoral protección presidencial.

Denuncia dos: Madres buscadoras vs la visa de Andy

Es indignante observar como para el gobierno de la 4T es mucho más importante el hecho de que a Andy López Beltran el gobierno de los EUA, en uso de sus facultades soberanas, le cancelo la visa que por la tragedia que viven miles y miles de madres buscadoras de sus hijos desaparecidos.