Todo apunta que la disputa política continuará subiendo de tono en México. Dos proyectos de nación se enfrentan en las próximas elecciones del 2 de junio. La continuidad de la 4T o el retorno de las políticas neoliberales. Y, ninguno está dispuesto a ceder ante su adversario.

Luego de una permanente etapa de golpes bajos de los opositores en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, iniciada con las publicaciones de medios internacionales que denunciaron, sin documentar pruebas, el presunto financiamiento del narco a su campaña en 2006, a la par de una operación millonaria dirigida a colocar en redes sociales la etiqueta #Narcopresidente, AMLO responde a la “guerra sucia”.

La información revelada el viernes pasado en la conferencia matutina en la que se denuncia un caso de presunta corrupción vinculado a María Amparo Casar Pérez, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) –organización vinculada a Claudio X. González–, quien habría defraudado a Pemex, al cobrar una pensión vitalicia en forma presumiblemente ilícita, eleva la confrontación política entre AMLO y sus opositores.

Pemex demanda el cobro por el pago irregular de 31 millones de pesos, derivado de la “simulación” de un ejercicio procesal en el que se modificó la resolución de la causa de muerte de Carlos Fernando Márquez Padilla García, esposo de la presidenta del MCCI.

Octavio Romero Oropeza, actual director de la empresa pública paraestatal mexicana petrolera, señaló que Márquez falleció en las instalaciones de Pemex al caer de una ventana del piso 12 del edificio A. El titular de Pemex añade que, desde el inicio, los directivos trataron el caso como un accidente, sin esperar la resolución pericial que determinaría más tarde que fue un suicidio, lo que permitió a “su cónyuge María Amparo Casar, solicitar en ese entonces el pago de seguro, la ayuda de gastos funerarios, la pensión post mortem, la pensión para sus hijos y para ella […]”.

El mismo viernes, la Presidencia de la República publicó en su página web el expediente del caso Márquez Padilla, sin testar información personal de María Amparo Casar y sus hijos. Dos días después, nuevamente sin testar, difundió el dictamen oficial emitido por la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en el que se aprobó “el no ejercicio de la acción penal por tratarse de un asunto de privación voluntaria de la vida”.

Ante el error jurídico de la Presidencia de la República de no testar los documentos divulgados, el grupo opositor desvió la atención del presunto caso de corrupción a la condena por la publicación de datos personales de Casar Pérez, a través del desplegado “Ya basta”, firmado por Lorenzo Córdova Vianello, Ciro Murayama, Jacqueline Peschard, Raúl Trejo Delarbre, José Woldenberg, entre otras personas.

Exhibir en dos ocasiones documentos sin testar sobre la supuesta corrupción que involucra a María Amparo Casar no parece ser un “error jurídico”, sino una estrategia política dirigida a desnudar ante la opinión pública el discurso de quienes se autodenominan “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad”.

Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale