La detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, marca un giro significativo en el caso de Ayotzinapa. A casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, es la primera vez que se señala directamente a quien ocupó la máxima responsabilidad política del Estado. La imputación central sostiene que habría ordenado destruir grabaciones clave de la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, según declaró la fiscal general de la República, Ernestina Godoy. Esa acusación apunta a un presunto encubrimiento desde la cúpula del poder estatal.
Sin embargo, la captura de Aguirre Rivero no debe leerse de manera aislada, sino como una operación política de triple alcance. En primer lugar, reordena el mapa electoral en un contexto de fuerte disputa interna en Morena por la candidatura en Guerrero. Aunque proviene del PRD, Aguirre gobernó en alianza con figuras que hoy forman parte del partido hegemónico. Su detención envía el mensaje de que las causas judiciales no prescriben políticamente, justo cuando algunos de esos perfiles buscan reposicionarse rumbo a 2027.
En segundo lugar, en un momento en que la relación bilateral entre México y Estados Unidos está marcada por las exigencias de Washington en materia de seguridad, advertencias arancelarias y tensiones por el control migratorio, proceder judicialmente frente a la máxima figura política estatal del caso Ayotzinapa funciona como una señal de capacidad institucional del gobierno de la 4T. Esta acción permite a Claudia Sheinbaum sostener ante la Casa Blanca y el Congreso estadounidense que México avanza en justicia y combate a la corrupción e impunidad, al tiempo que refuerza la posición mexicana contra una intervención externa.
En tercer lugar, la detención de Aguirre Rivero se presenta como el avance judicial más relevante contra la cúpula estatal y reactiva la exigencia de verdad sobre el paradero de los estudiantes, así como sobre la eventual intervención de otras instituciones. No obstante, más que abrir una ruta ascendente para castigar a otros posibles responsables en la cadena de mando –incluidos Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos y Miguel Ángel Osorio Chong–, la captura del exgobernador de Guerrero parece marcar un techo político y judicial.
Todo apunta a que la presidenta Claudia Sheinbaum mantendrá la línea de llegar hasta donde la evidencia y la estabilidad política lo permitan. Esto implicaría avanzar contra el exgobernador, mandos policiales y funcionarios estatales, pero difícilmente cruzar el umbral de la cadena de mando local.
La detención del exgobernador de Guerrero permite exhibir avances sin alterar la estructura de poder que hizo posible este crimen deleznable. En ese sentido, fija un techo, pero no abre una ruta hacia niveles superiores de responsabilidad en la cadena de mando. Es un golpe calculado: reconfigura el tablero, pero no desmonta la estructura que lo sostiene.
