El reciente y estremecedor caso de la presunta violación multitudinaria perpetrada por estudiantes en la Universidad Cornell, en Estados Unidos, ha vuelto a colocar bajo la lupa la capacidad de las instituciones de educación superior para enfrentar la violencia sexual.

Este episodio no es un evento aislado en el panorama académico global; es un recordatorio urgente de que las universidades, lejos de ser espacios seguros y de formación integral, pueden convertirse en entornos donde la impunidad florece.

La violencia sexual contra las alumnas no ocurre en el vacío; se alimenta de estructuras jerárquicas que históricamente han protegido a los perpetradores, ya sean alumnos con privilegios, profesores que abusan de su poder o administradores que priorizan la reputación institucional por encima de la integridad de sus estudiantes. Si las instituciones no están preparadas para escuchar, investigar y sancionar, están siendo cómplices directas.

Es imperativo que nuestras universidades trasciendan el discurso de la prevención superficial y transiten hacia mecanismos de atención robustos, transparentes y vinculantes. No basta con tener protocolos en papel; se requieren instancias especializadas que cuenten con autonomía técnica para actuar sin presiones políticas ni sesgos de género. La atención a la violencia sexual debe ser integral, garantizando el acompañamiento psicológico, legal y académico de las víctimas desde el primer momento, evitando cualquier forma de revictimización institucional.

Podemos diseñar los protocolos más sofisticados del mundo, pero si las rectorías, direcciones y consejos universitarios carecen de la firmeza para aplicar sanciones ejemplares contra alumnos, docentes o personal administrativo involucrado en casos de abuso, hostigamiento o violación, solo serán letra muerta. La impunidad, tanto académica como legal, es el principal motor de la reincidencia. Es necesario romper el pacto de silencio que ronda en estos entornos y establecer una política de cero tolerancia verdadera.

La universidad debe ser un espacio donde el conocimiento florezca, no donde se silencien las voces de las mujeres mediante el terror y la violencia. Los casos como el de Cornell demuestran que las autoridades universitarias a menudo fallan al intentar gestionar crisis de esta magnitud bajo lógicas corporativas de daño reputacional.

Querétaro debe ser diferente. La UAQ y el resto de las instituciones del estado tienen la oportunidad de marcar un precedente, demostrando que la seguridad de las mujeres no es negociable. La comunidad universitaria exige instituciones que no solo formen profesionales, sino que garanticen espacios donde la justicia y el respeto sean los pilares de la convivencia cotidiana. La deuda es histórica, y el momento de actuar con contundencia y sin titubeos es hoy. De lo contrario, seguiremos atendiendo casos que pudieron evitarse.

El eje central de la erradicación a la violencia es la voluntad política.

Maricruz Ocampo