El caso del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, resulta no solo escandaloso e indignante por lo que implica, sino que además exhibe con claridad la esencia de lo que representa Morena: un partido corrupto que ha pactado con el crimen organizado y ha entregado las instituciones de nuestro país.

Aunque no es nuevo que se acuse a políticos de tener o haber tenido vínculos con el crimen organizado, lo que hoy presenciamos rebasa cualquier límite, tanto por su magnitud como por el descaro con que ocurre.

Ya no es solo que una institución, corporación o administración se encuentre coludida con estos grupos delictivos, sino que el crimen organizado ha logrado infiltrarse en los rincones más profundos de la acción gubernamental, en todos los niveles. El fenómeno dejó de focalizarse, ahora es un cáncer extendido por todo el territorio nacional. No importa la entidad federativa o municipio, el común denominador es el mismo: la presencia activa de bandas criminales.

Pero lo que ahora observamos es aún más grave: un descaro absoluto. Ya no se trata de que algún funcionario tenga contacto o vínculo con el narcotráfico, sino de la entrega total del aparato del Estado a los grupos criminales. Han cooptado el sistema electoral y político mexicano, al grado de imponer a quienes desean en los cargos de elección, ignorando la voluntad popular que, en teoría, debería representar la soberanía nacional.

Ya no hablamos de corrupción en su sentido más simple (el intercambio de favores), sino de algo mucho más peligroso y dañino: entrega total de las instituciones a manos de la delincuencia. Esto es lo que se ha denominado como “narcopolítica”.

En todo este fenómeno, Morena juega un papel central, pues los escándalos más recientes se han dado en sus gobiernos. Existe una clara omisión, negligencia y complicidad por parte de sus actores políticos. Prueba de ello es la estrategia de “abrazos, no balazos” del expresidente López Obrador —que dejó más de un cuarto de millón de muertos y permitió que la situación se saliera de control—, hasta los vínculos evidentes entre el exgobernador Adán Augusto López y su exsecretario Bermúdez Requena, líder de La Barredora en Tabasco, y el caso del expresidente municipal de Tequila, Jalisco, quien trabajaba para un cártel.

Ahora, frente al desarrollo de los acontecimientos, la pregunta obligada es: ¿Qué sigue?

Una vez separado del cargo, el exmandatario ha perdido cualquier inmunidad o protección constitucional, lo que en teoría no debería impedir su detención y extradición a Estados Unidos. Sin embargo, nuevamente Morena y sus gobiernos —empezando por el federal— mueven los hilos y extienden el manto de impunidad. La Fiscalía General de la República ya envió señales negativas al argumentar “deficiencias en el proceso” y, desde la Presidencia, se insiste en que deben existir “pruebas contundentes” para atender la solicitud del gobierno estadounidense.

No obstante, lo que está en juego no solo es la situación legal del probable responsable ni de quienes lo acompañan en la acusación, ni siquiera la reputación del partido; lo que está verdaderamente en juego es la credibilidad de México.

La responsabilidad de cómo se maneje este asunto recaerá, le guste o no, en una sola persona: la Presidenta de la República. Es ella, y solo ella, quien tiene en sus manos la decisión más importante: continuar o romper con el pacto de impunidad.