Tras la solicitud formal de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York a México para la detención provisional con fines de extradición de diez funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa, incluido el actual gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y apenas unas horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum exigiera a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aclarar la intervención de agentes estadounidenses de la CIA en el desmantelamiento de un laboratorio en la entidad sin autorización del gobierno federal, la mandataria respondió de manera tajante a la administración Trump con un categórico “No”.
En medio de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos, el gobernador Rubén Rocha Moya y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, solicitaron de inmediato licencia a sus cargos para facilitar las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
Un dato relevante es que, pese al intenso debate jurídico sobre si esta licencia temporal extingue el fuero de manera definitiva o solo lo suspende, lo cierto es que al separarse del cargo estos dos funcionarios pueden ser investigados y, en caso necesario, procesados sin requerir previamente un juicio de desafuero.
La solicitud de licencia no representa solo una pausa administrativa; se erige también como un elemento central dentro de la estrategia política y legal de Claudia Sheinbaum, diseñada para trasmitir un mensaje contundente a Estados Unidos.
Mediante esta acción, el gobierno federal puede argumentar que las instituciones mexicanas están tomando medidas, asumiendo la responsabilidad de conducir el proceso de investigación y demostrando que no requieren intervención directa de los Estados Unidos.
Simultáneamente, se enfatiza el mensaje sobre la defensa de la soberanía nacional, que la presidenta ha sintetizado en una frase clave para el contexto actual: “Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas invitaciones por parte del Departamento de Justicia es político”.
La licencia permite llevar a cabo una investigación interna y pone la carga de la prueba sobre Estados Unidos. Si la FGR, después de investigar no encuentra sustento, el gobierno mexicano podrá reforzar su narrativa de que las acusaciones fueron un acto de injerencia política y no un procedimiento legal legítimo.
Sin embargo, la estrategia de la presidenta Sheinbaum podría resultar un arma de doble filo. Si la FGR reúne pruebas sólidas, el gobierno tendría que actuar contra integrantes de su propio partido, validando así la postura de Estados Unidos, pero también eliminando figuras incómodas de Morena, tarea que recaería en Ariadna Montiel y Citlalli Hernández. En cambio, si no se encuentran pruebas suficientes, México deberá fortalecer su defensa de la soberanía ante las acusaciones externas, lo que intensificaría el conflicto con EU.
Por lo pronto, Claudia Sheinbaum ya lanzó su primer “No” al gobierno de Donald Trump; será interesante observar cómo evoluciona la situación.
Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale
