La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la investigación sobre la participación de dos agentes estadounidenses de la CIA, que perdieron la vida en un accidente automovilístico junto a dos agentes mexicanos, después de un operativo antidrogas realizado en la zona montañosa de Chihuahua, el pasado 19 de abril. La mandataria enfatizó que “el tema central es la presencia de agentes extranjeros en un operativo, en un estado de la República, sin haber solicitado los permisos que establece la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional”, destacando que “lo que hubo fue una falta de una autoridad estatal”.

Claudia Sheinbaum enfrenta un dilema complejo. Por un lado, debe valorar la posibilidad de impulsar un juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, por presunta violación a los principios constitucionales de soberanía nacional. Por otro, buscar una salida negociada para evitar la confrontación directa con la administración Trump, lo que podría percibirse como un gesto de debilidad ante la opinión pública.

Una tercera opción es el “acorralamiento institucional”, que todo indica, es la estrategia que está implementando la presidenta.

En vez de recurrir a un juicio político exprés como castigo, se realiza una intervención administrativa presentada como coordinación entre el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el gobierno de Chihuahua. Ante este procedimiento, la gobernadora formó una “comisión pantalla” interna, supuestamente para investigar lo sucedido. Pese a declarar públicamente su interés en defender la soberanía, en realidad busca protegerse frente a las posibles acciones del gobierno federal.

Por su parte, la presidenta ordenó al Consejo de Seguridad enviar un comunicado a los gobernadores, advirtiendo que colaborar con agencias extranjeras sin autorización federal viola la Constitución. Esta acción sirve como “escarmiento administrativo” y utiliza el caso de Chihuahua para reafirmar el control federal sobre todos los estados, además de exponer públicamente a Maru Campos como ejemplo de lo que no debe ocurrir.

La estrategia de Claudia Sheinbaum se enfoca en exigir respeto a la ley y mantener una relación diplomática con Estados Unidos. Su postura es firme al señalar que “la principal falla está en el gobierno estatal”, dejando claro que “no queremos generar un conflicto con Estados Unidos”. Así, presiona a la gobernadora sin enfrentar directamente a Trump, quien solicitó “compasión por los agentes fallecidos”.

Además de responsabilizar al gobierno de Chihuahua, la presidenta citó al embajador estadounidense para pedir explicaciones y recordó que cualquier acuerdo debe gestionarse a través de la federación.

Aunque el Congreso local “blinda” a la gobernadora de Chihuahua, impidiendo su desafuero y un posible juicio político que pueda derivar en su destitución, la presidenta Claudia Sheinbaum ya puso en marcha una estrategia de desgaste contra Maru Campos, lo que significa una forma de acorralamiento de baja intensidad que mantiene a la gobernadora bajo el escrutinio de la sociedad mexicana.

Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale