La corrupción es un fenómeno multicausal. Una de sus razones es el mal deficiente diseño de las políticas públicas que puede abrir la puerta a actos que afecten a los sectores involucrados.
De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2012, que elabora cada año Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 105 (de 174 países) con una calificación reprobatoria de 34 puntos (100 es el puntaje al menos corrupto). Nuestra mejor calificación fue en 2001 con 37 puntos. La lectura de muchos sectores de la sociedad (me incluyo) es que no hemos mejorado.
Otro de los detonantes es la ineficiencia sistémica. Esto significa que cuando se diseña un proceso o sistema ineficiente, éste es más susceptible de ser permeado por la corrupción. Las personas buscan fallas en el sistema en las que puedan influir para ejercer sus prácticas no éticas y beneficiarse en lo personal.
En México hay un peligro, cada vez más cercano, de que se detone la corrupción en el sector de la vivienda. El motivo es la falta de alineación de las políticas públicas nacionales y locales en la materia.
Al empezar la presente Administración Federal, hubo cambios en las reglas de este sector que han modificado la dinámica de su funcionamiento.
La variación de reglas se ha dado, en parte, con el objetivo de tener un crecimiento desarrollo sustentable en el sector y en el crecimiento de las ciudades. Cuando se construyen viviendas lejanas a los lugares de trabajo, sin los servicios necesarios, la calidad de vida se deteriora.
Es por eso que dentro de las nuevas reglas se ha incentivado el crecimiento de la vivienda vertical cercana a los centros de trabajo.
Hasta este momento, el objetivo parece lógico y bien intencionado. La dinámica se empieza a descomponer cuando no se hacen realizan cambios en todo el sistema, cuando no se ve el funcionamiento del proceso.
Las reglas a nivel federal en la construcción de vivienda vertical son claras, no así en el ámbito municipal. Como éstos son libres y soberanos para generar sus propias leyes y procesos, muchos no se han alineado a la política federal.
De tal manera que tenemos, por una parte, un gobierno federal que incentiva la construcción de vivienda vertical, pero por otro, municipios que no cambian las reglas y siguen con un esquema de construcción de vivienda horizontal.
¿Resultado, la consecuencia? Que si los empresarios quieren construir vivienda vertical en tal municipio, deben dar dinero para que se les “dé permiso” de hacerlo. Provocando esto que origina una serie de actos de corrupción que benefician sólo a las autoridades encargadas de otorgar esos permisos o esas licencias de construcción.
No está mal la intención del gobierno federal en la modificación de reglas, el error es no ver ignorar el proceso completo. El sólo cambio de reglas a nivel federal, sin mover las locales, hace más mal que bien. Permite a los funcionarios corruptos aprovecharse de la situación para beneficio personal, con lo cual se afecta al sector de la vivienda y, al final, a los ciudadanos.
Si el gobierno federal no incentiva el cambio de reglas a nivel estatal y municipal, la corrupción nos hará retroceder más en calidad de vida, productividad y competitividad.
Los Congresos de cada Estado deberían promover la obligatoriedad en la actualización de los planes de desarrollo urbano y en los códigos civiles para generar derechos y obligaciones en la convivencia de los condominios.
No bastan las buenas intenciones para lograr objetivos, hace falta tener una visión sistémica. Ojalá y nuestras autoridades pongan atención en lo que podrían estar provocando.
*El autor es profesor del área académica de Filosofía y Empresa del IPADE.
