Con una asistencia registrada superior a las 2 mil 200 personas, provenientes de todos los estados de la República, concluyó el 3 Congreso Cosmos Justicia Penal y Derechos Humanos 2019, en el que se tuvo la participación de siete conferencistas y 13 panelistas locales, nacionales e internacionales expertos en la materia de justicia penal.
Se contó con la participación de instancias internacionales como la Agencia Norteamericana USAID de la Embajada de Estados Unidos de América y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo autónomo de la OEA.
Al término del congreso, se concluyó que seguridad no es sinónimo de justicia, ya que son dos sistemas que interactúan en el Estado de derecho.
De igual forma, se puede determinar que el Sistema Acusatorio y Oral es garantista y se caracteriza por ampliar el acceso a la justicia, de tal manera que el incremento de las denuncias es realmente un reflejo del procedimiento penal.
La experiencia latinoamericana mostró que entre las amenazas para el éxito de la justicia penal están las contrarreformas que obedecen a contextos políticos y afectan las decisiones más pequeñas o llegan a tocar aspectos como los derechos humanos o la inercia por penalizar toda clase de conductas, pasando por alto que el derecho penal debe ser el último instrumento del estado para mantener el orden.
Es importante mencionar que la operación no debe convertirse en algo automático propio del conformismo, cada operador debe brindar una atención bajo procesos especializados, de calidad, para dar respuesta al ciudadano bajo una lógica proactiva, pues al final del día, la labor de los policías, fiscales, defensores, jueces y demás autoridades proporciona información para detectar mercados criminales y formas de operación que se transformarán en la justificación de las políticas públicas a diseñarse en los sistemas de seguridad y de justicia.
La coordinación de los operadores no contraviene disposiciones constitucionales, por el contrario, es un ejemplo patente de los dispuesto en los artículos 49 y 116 de nuestra Carta Magna.
En Querétaro esa coordinación está dispuesta en la Ley Cosmos, que plantea una instancia sin niveles jerárquicos, conformada por autoridades respetuosas de sus competencias que reconocen la necesidad de vincularse por su razón de ser: garantizar el acceso a la justicia.
La ley que crea la Comisión para la Evaluación de la Operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio de Querétaro, publicada el 3 de octubre de 2018, constituye la primera en el país que establece una instancia de coordinación entre las autoridades e instituciones que participan en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
