La investigación de la Defensoría Estatal de Derechos Humanos (DDHQ) contra la diputada local Elsa Méndez concluyó que vulneró los derechos de la comunidad LGBTI, esto tras analizar las quejas que activistas interpusieron en su contra.
Fue a principios de abril cuando la defensoría recibió quejas por homofobia contra la diputada, por parte de los activistas Alicia Colchado Ariza, presidenta de Desarrollo Comunitario para la Transformación Social, Maricruz Ocampo Guerrero, activista del Comité Promotor de la Activación de la Alerta de Género, y Luis Felipe Zamudio, del Centro de Orientación e Información del VIH-SIDA (COIVIHS).
Cabe recordar que la legisladora fue quien primero interpuso una denuncia contra los activistas ante la Fiscalía General del Estado, al considerar que sufrió de ellos ataques en redes sociales por tener posturas contrarias a sus creencias. La denuncia la desechó la Fiscalía, pero antes envío citatorios a los domicilios de los activistas, lo que estos calificaron como una situación de riesgo, pues en ningún momento habían informado sus direcciones.
Los activistas también presentaron una denuncia ante la defensoría al considerar que se atentó contra su libertad de expresión y de pensamiento.
La respuesta a la investigación se emitió el 27 de junio, y en ella se dio un lapso de 15 días naturales, tras la recepción del documento, para que la diputada presentara un “acuerdo de responsabilidad”.
El documento lo firmó la titular de la defensoría, Roxana Ávalos Vázquez, donde urgió a la diputada a generar un ámbito de respeto.
“Invitándola a que se sume a la construcción de un país incluyente, en donde todas las autoridades de todos los ámbitos pugnen por el respeto, protección y promoción progresiva de los derechos humanos de todas las personas, sin distinción alguna”, señala el texto.
Se concluyó la investigación, de ahí que se trata de un proceso aún en trámite. En el documento emitido por la defensoría se remarca que el discurso de la panista sí fue discriminatorio.
“Contiene mensajes discriminatorios para los integrantes de la comunidad LGBTI, violenta el derecho a la igualdad y el trato digno de dicho colectivo y, por lo tanto, pone de manifiesto que el actuar de la servidora pública no se encuentra en sintonía con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe la discriminación”.
En la Constitución, continúa el documento, también se establece que las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
