La posible llegada de un mayor número de familias provenientes de la Ciudad de México, a raíz de los sismos de septiembre pasado, además de la migración de otros estados, presiona a las zonas de conservación ambiental de la capital del estado y su zona metropolitana, pues se autorizarían cambios de uso de suelo en sitios donde la población que se asiente ahí correría riesgos, afirmó la ambientalista América Vizcaíno.

“Uno de los problemas que hay es que no existe un dictamen ambiental respecto a los proyectos que se presentan. Hay opiniones técnicas de una persona, o un grupo de personas, que hacen las visitas al predio, pero es una opinión técnica que no tiene ninguna trascendencia, que no le sirve ni a Desarrollo Urbano, ni a los regidores en la toma de decisiones, y está hecha ex profeso para que se autorice lo que sea necesario autorizar”, señaló.

Indicó los regidores deberían de conocer y saber usar el Plan de Riesgos y Vulnerabilidad Urbana, para que de acuerdo a ese documento diera permisos para construcciones, pues hasta el momento no hay un regidor que al momento de autorizar licencias alce la voz para dar razones por las cuales no se deben de avalar ciertas obras o desarrollos.

“Eso ha sucedido durante todas las administraciones municipales que conocemos. En todos los municipios se está dando (el cambio de uso de suelo en zonas naturales), el problema son los lugares donde se están autorizando. Ahorita Querétaro dejó de crecer en el valle, y empieza a crecer hacia laderas y cañadas. Las cañadas son los sistemas naturales de regulación pluvial, además de los escurrimientos que se dan en las laderas.

Al municipio no le preocupa autorizar, ni le preocupa que Protección Civil dictamine antes de que autoricen los regidores, y antes de que autorice Desarrollo Urbano. Una vez que se autoriza el cambio de uso de suelo se pide a otras instancias las opiniones técnicas”, explicó.

Esta forma de autorizar los cambios de uso de suelo, abundó, se llevan a cabo contrario al procedimiento que debería ser, ya que antes de aprobar los cambios deberían existir los estudios y las opiniones técnicas. Primero, agregó, autorizan y luego mandan a las otras dependencias el problema y esto “es una bola de nieve”.

Subrayó que no hay una zona específica del municipio y la zona metropolitana donde se pudieran dar estas situaciones, pues a donde llegue un desarrollador le autorizarán el cambio de uso de suelo.

“Yo no veo en ninguna de las autorizaciones que hemos leído en las gacetas municipales restricciones de carácter hidrológico o de Protección Civil. Otro problema es que los desarrolladores no construyen infraestructura pluvial para captar, retener y conducir los escurrimientos, y como todos los escurrimientos van a dar a los mismos puntos, los volúmenes de agua, conforme se urbanice, van a ser mayores y la velocidad con la que lleguen va a ser más rápida y nuestra infraestructura deficiente no va a poder regular el agua y habrá desbordamientos e inundaciones”, enfatizó.

Agregó que la construcción de la infraestructura pluvial no es cara, pero los desarrolladores se ahorran ese dinero, pero a la larga quienes pagan el costo de la ausencia de la misma son los ciudadanos que se ven afectados por inundaciones, cuando la ley establece que debe de construirse esta infraestructura pluvial, pero a la fecha no hay una autoridad que los obligue a hacerlo.

“El día que tengamos un presidente municipal que empiece a hacer clausuras por falta de infraestructura pluvial, ese día se van a alinear los desarrolladores. Muchos sí la construyen, otros no. Sin embargo, no se trata de sólo hacer un dren pluvial y recibir el agua y conducirla a toda velocidad a un cauce federal. Se trata de tener infraestructura que capte, almacene temporalmente y luego drene el agua hacia el cauce federal”, precisó.

Además, el gobierno necesita construir infraestructura pluvial desde las partes altas de los cerros, hasta la salida del agua a Guanajuato, que debe de tener la capacidad para conducir el agua que llegará de los desarrollos. La infraestructura pública es en torno a la cual se articula la infraestructura de los desarrolladores, para que haya una regulación correcta, puntualizó.

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