Política | 17-07-25 | 08:23 | Actualizada | 17-07-25 | 08:23 |

Se presentó ante el Poder Judicial de la Federación, un amparo indirecto por omisión legislativa y administrativa del Congreso y el Poder Ejecutivo del estado, para expedir la Ley de Movilidad y Seguridad Vial Estatal.

Juan Carlos Bravo, de la asociación Saca la Bici A.C. y la Coalición QM21, informó que el amparo fue presentado a título personal y contó con el trabajo y colaboración de varios colectivos y agrupaciones de movilidad.

“El lunes, en línea, se interpuso una demanda de amparo enfocada al Congreso del estado y al Ejecutivo, que no han cumplido con la obligación constitucional para emitir la Ley Estatal de Movilidad y Seguridad Vial”, explicó.

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Recordó que en noviembre de 2022 venció el plazo para armonizar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial con las leyes locales, por lo que “llevamos tres años sin armonización”.

Esta ley exige generar un sistema estatal de movilidad y seguridad vial, un observatorio ciudadano en la materia, presupuestos etiquetados y coordinación interinstitucional.

Explicó que interpuso el amparo indirecto, porque ya se agotaron todas las vías de exigencia pública, diálogo, mesas técnicas y compromisos no cumplidos.

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Señaló que a lo largo de tres años se ha documentado y denunciado que el Congreso del estado, particularmente su Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito, ha incumplido con su obligación de legislar.

Dijo que el presidente de dicha comisión, el diputado Enrique Correa Sada, reconoció públicamente la necesidad y obligación de emitir esta ley, pero “ni él ni su bancada promovieron una iniciativa formal”.

Además, el Ejecutivo estatal tampoco ejerció su facultad de iniciativa, ni implementó medidas urgentes para proteger la vida de las personas usuarias vulnerables del espacio público.

Juan Carlos Bravo destacó que esta ley es importante, porque el derecho a la movilidad segura salva vidas.

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