El PT y Morena en la Legislatura de Querétaro presentaron una iniciativa de reforma constitucional para modificar el mecanismo de designación de la persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, al considerar que el actual procedimiento favorece la imposición de un “fiscal carnal” por parte del Poder Ejecutivo.
En rueda de prensa, la diputada local del PT, Claudia Díaz Gayou, recordó que la reforma aprobada en septiembre de 2024 permitió que el gobernador enviara una terna para elegir al fiscal anticorrupción, situación que calificó como una modificación “a modo”.
La legisladora señaló que dicha reforma fue avalada en sesión privada realizada en el Centro de Congresos, en medio de protestas ciudadanas.
“Hoy tener un fiscal en combate a la corrupción a modo me parece que es algo que tenemos que dejar a un lado, que el titular del Poder Ejecutivo tome esa decisión. El espíritu de esta fiscalía es hacer investigaciones para todos los servidores públicos que tengan algún tipo de sanción en materia de combate a la corrupción”, expresó Díaz Gayou.
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Añadió que la propuesta busca regresar al Congreso la facultad de conducir un proceso abierto y transparente para elegir al titular del órgano.
“Estamos presentando esta reforma para derogar esta facultad del titular del Poder Ejecutivo y que regrese a la Legislatura este espíritu de que se haga una convocatoria abierta, diálogos democráticos abiertos y que la ciudadanía pueda participar”, mencionó la legisladora.
Por su parte, el diputado local de Morena, Eric Silva Hernández, afirmó que el actual mecanismo representa un conflicto de interés, al permitir que el Ejecutivo proponga a quien eventualmente tendría la responsabilidad de investigar posibles actos de corrupción de funcionarios estatales.
“Esto significa que la entidad encargada de investigar y sancionar los malos usos del recurso público quedaría prácticamente en manos del mismo. Ese es el problema de poner este tipo de autoridades que emanen precisamente de una decisión de quien en teoría deberían de estar juzgando”, declaró.
Sostuvo que un fiscal designado bajo el esquema actual podría impedir sanciones o investigaciones contra posibles irregularidades en el ejercicio de recursos públicos.
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