Carmen Zúñiga Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la 58 Legislatura del estado de Querétaro, informó que se turnó la petición de juicio político contra el alcalde Marcos Aguilar Vega a la Comisión Instructora, misma que deberá de llevar a cabo el análisis pertinente para determinar su viabilidad.
Derivado de las acciones de rehabilitación que se llevan a cabo en la avenida de Ezequiel Montes, los comerciantes del Centro Histórico Alfredo Serrano Valdés y Alejandro Perlin Vital solicitaron el viernes pasado que se inicie un procedimiento de juicio político contra el presidente municipal, por la falta de voluntad en atender sus demandas.
La comisión Instructora del Congreso local está presidida por el diputado de la fracción priísta Mauricio Ortiz Proal, además de los panistas Luis Gerardo Ángeles Herrera y Luis Antonio Rangel Méndez.
No obstante, a pesar de la presencia de mayoría panista, partido del que también forma parte el edil capitalino, Ortiz Proal aseveró que la filiación partidista no puede ser un elemento determinante para el sentido de la votación, pues se deberá de conocer el contenido de la solicitud y analizar con responsabilidad.
“Yo espero que no. No puedo responder por terceras personas […] Lo que sí te puedo decir es que nosotros habremos de emitir el sentido de nuestro voto al pleno de la comisión con absoluta imparcialidad y objetividad. La filiación partidista no puede ser un elemento a favor ni en contra de nadie”, sostuvo.
De acuerdo con Zúñiga Hernández y Ortiz Proal, la solicitud de juicio político deberá de ser entregada al secretario de la comisión, Ángeles Herrera, para que realice el análisis conducente y emita un predictamen que contribuya a determinar la factibilidad de la solicitud, con base en las acusaciones y las pruebas presentadas por los ciudadanos.
No obstante, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, una vez que sea recibida la solicitud por la comisión, ésta contará con un plazo de tres días para correr traslado al ayuntamiento respectivo o al servidor público señalado como responsable, para que presente las argumentaciones y ofrezcan las pruebas que necesarias.
Finalizado el periodo probatorio, las partes contarán con un plazo de cinco días para formular sus conclusiones y, transcurrido el plazo anterior, la comisión emitirá el dictamen y lo enviará al Pleno del Congreso.
En este sentido, Ortiz Proal consideró que la Comisión Instructora podrá tener un resolutivo a más tardar en tres o cuatro semanas.
