Capital heredará 100 quejás contra funcionarios

Alrededor de 100 carpetas de investigación por quejas o denuncias en contra de funcionarios públicos del gobierno municipal de Querétaro podrían ser heredados a la administración entrante, indicó Óscar Rangel González, titular de la Auditoría Municipal de Fiscalización.

“Todos son en contra de servidores públicos, hay 300 expedientes y pudieran ser heredados 100 a la administración entrante; de esos 300 tenemos un avance importante sobre resolución, si se irán en forma de presunta responsabilidad o si se archivarán por falta de elementos”, dijo.

De los 300 expedientes 44 ya han sido culminados y hay pendientes 260, dijo. Del total, 40% son denuncias en contra de funcionarios de la actual administración, y el resto son archivos que el anterior gobierno les heredó.

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Puntualizó que para abrir un expediente en contra de algún funcionario es necesario que haya una queja o denuncia de forma previa, y con asuntos derivados de observaciones hechas por la propia Auditoria municipal de Fiscalización, la Entidad Superior de Fiscalización del estado, por la Cuenta Pública, o por la Auditoria Superior de la Federación, y la secretaría de la Función Pública, cuando se trata de recursos federales.

Rangel González reiteró que el órgano que encabeza sólo expide el documento denominado informe de presunta responsabilidad, y el Tribunal de Responsabilidades Administrativas municipal es el encargado de determinar si el funcionario es culpable o no.

“Nosotros hacemos notar sólo los indicios y lo enviamos al Tribunal, el Tribunal es el que sustancía el proceso y resuelve si absuelve o sanciona al servidor público (…) El 19 de julio entró en vigencia la Ley General de Responsabilidades Administrativas del estado de Querétaro, a partir de ese momento toma un nuevo curso y el proceso se divide en investigación y en resolución que le corresponde al Tribunal municipal de Responsabilidades, antes la Ley no era así, toda lo llevaba el Tribunal”, finalizó.

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El auditor agregó que cuenta con varios asuntos que le fueron referidos por auditorias basadas en la ley anterior, mismos que de no haber resultado responsable el funcionario de enriquecimiento ilícito o de causar daño al erario público, son archivados, ya que no puede ser juzgada una persona dos veces por el mismo delito.

Las conductas cometidas de julio 19 a la fecha tiene vigencia de tres años y en esas continuará la investigación, señaló.