El Poder Judicial de Querétaro enfrenta un déficit de jueces que limita su capacidad para atender el crecimiento de los asuntos judicializados, advirtió su presidente, Braulio Guerra Urbiola, quien señaló que la entidad cuenta con tres juzgadores por cada 100 mil habitantes, cuando el parámetro internacional es de 18.
Explicó que esta diferencia representa un déficit de 15 jueces por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, aclaró que se trata de un problema que trasciende a Querétaro, pues el promedio nacional también se encuentra muy por debajo del estándar internacional.
“Se necesitan 18 jueces por cada 100 mil habitantes, es un parámetro internacional. Nosotros tenemos tres. Tres de 18. Hay un déficit de 15 jueces por cada 100 mil habitantes en el país”, sostuvo.
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El impacto, explicó, se refleja directamente en los tiempos de atención de los ciudadanos, pues la capacidad de los juzgados no corresponde con la cantidad de asuntos que reciben.
“Estamos en agosto y te la dan en diciembre, pero tu audiencia es en diciembre porque los juzgados ya tienen una carga de trabajo que rebasa su capacidad”, detalló.
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A esta presión se suma el crecimiento desigual entre la plantilla laboral y la carga de trabajo; de acuerdo con el presidente del Poder Judicial, durante la última década el personal de la institución ha aumentado apenas 2% en promedio, mientras que el litigio creció 12%.
“Estamos hablando de que vamos diez puntos adelante siempre, de más demandas, de más conflicto, de más asuntos, y el 2% de personal. Esto dibuja muy bien dónde están las fibras sensibles que los poderes judiciales tienen entre manos”, afirmó.
Sostuvo que aumentar el número de juzgadores será indispensable para enfrentar esta situación, aunque también planteó la necesidad de especializarlos y utilizar herramientas tecnológicas que permitan hacer más eficiente el trabajo judicial.
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Destacó el uso de inteligencia artificial en materia familiar y civil, así como los sistemas de mediación, como alternativas para reducir cargas de trabajo y agilizar procesos. La tecnología, precisó, puede apoyar en tareas de organización, clasificación de información y automatización, sin sustituir las decisiones que corresponden a los jueces.
Reconoció que ampliar significativamente la estructura judicial tendría un impacto presupuestal considerable. Actualmente, dijo, el presupuesto de la institución oscila en mil 500 millones de pesos, mientras que alcanzar una estructura de mayor capacidad implicaría llevarlo prácticamente a cinco mil millones.
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Además, señaló que el crecimiento de la plantilla está limitado por el Capítulo 1000, por lo que incluso contando con recursos suficientes existen restricciones para incrementar el número de plazas.
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