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Un ajuste de cuentas fue lo que motivó el secuestro que fue frustrado exitosamente por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado, relató el titular de la dependencia Arsenio Durán Becerra, quien destacó la adecuada participación de la Unidad Especializada en el Combate a la Privación Ilegal de la Libertad.
En este sentido, Durán Becerra, explicó que familiares de la víctima que fue liberada en perfectas condiciones de salud, y que los presuntos secuestradores, mantenían una relación de negocios en la que los primeros adeudaban una cantidad económica a los imputados.
“Fue como consecuencia de alguna negociación a la que llegan las partes y una no cumplió debidamente, y con la intención de exigir el cumplimiento correspondiente tomaron la determinación de asegurar y quitar la liberad durante algunas horas a una persona que afortunadamente fue devuelta a su medio original”, explicó el procurador de justicia en el estado.
Aseguró que aunque familiares de la víctima hicieron entrega de una cantidad en efectivo por el rescate de esta, este hecho no se tomó como un pago de rescate, debido a que se trató de la entrega de dinero por la que ambas partes habían mantenido un acuerdo antes de que se cometiera el delito.
Por este delito, según informó el funcionario estatal, los imputados podrían alcanzar una pena de entre siete y 35 años de prisión, de clasificarse este delito en una modalidad simple, sin embargo, de encontrarse que se trató de un secuestro calificado, la pena podría alcanzar hasta 50 años de prisión, lo que dependerá de la configuración de la averiguación previa.
