La crisis del examen de admisión en línea de la UNAM no empezó con los puntajes perfectos, sino mucho antes: en la confianza casi ceremonial de que una plataforma, una cámara y una advertencia normativa bastaban para sustituir la vigilancia presencial de un proceso de alta competencia. La Universidad migró a una modalidad digital sin demostrar públicamente que contaba con reglas suficientemente robustas, protocolos verificables de identidad y mecanismos preventivos capaces de impedir la suplantación de personas o la ayuda de terceros. En otras palabras, se pidió fe institucional donde debía haber control técnico; y, como suele ocurrir, la fe no audita pantallas, no detecta segundos monitores y no distingue entre concentración académica y asesoría clandestina.
La información disponible apunta a un patrón que no puede despacharse como simple “mejor preparación” de los aspirantes. El investigador Eduardo Backhoff advirtió que los procesos de admisión suelen mantener distribuciones relativamente estables año con año, por lo que una alteración masiva en el promedio de más de 150 mil sustentantes exigiría una explicación igualmente masiva; la curva estadística, así, dejó de parecer una curva y empezó a parecer una huella digital: no la del mérito, sino la de un mercado paralelo de trampas operando con sorprendente eficiencia.
Frente a ello, la reacción institucional ha sido, por decirlo con cortesía universitaria, parsimoniosa. La UNAM ha informado cancelaciones, denuncias penales y la integración de una comisión técnica, pero sus comunicados han sido escuetos para la magnitud del daño: dicen que se revisará, pero no explican con claridad qué se revisará; prometen rigor, pero no ofrecen una ruta crítica con plazos, criterios, responsables y consecuencias. La consecuencia es grave: cuando una institución que evalúa a miles de jóvenes no explica con suficiencia cómo protegerá la equidad, el problema deja de ser sólo tecnológico y se convierte en una crisis de credibilidad. Y la credibilidad, a diferencia de una contraseña, no se restablece con un enlace enviado por correo.
Los patrones estadísticos anómalos en exámenes de alto impacto no son una rareza académica menor: en otros países han sido el punto de partida para invalidaciones, auditorías, sanciones administrativas e incluso investigaciones penales. La estadística no condena por sí sola, pero sí obliga a investigar; funciona como una alarma contra incendios: puede sonar por error, pero apagarla sin revisar el edificio es una pésima política pública y una peor lección educativa.
La UNAM debería empezar por reconocer el tamaño del problema sin eufemismos ni comunicados anestesiados. La universidad no pierde autoridad por admitir una falla; la pierde cuando parece más interesada en administrar la incomodidad que en corregirla. Si la UNAM quiere conservar la confianza pública, debe recordar que su prestigio no se defiende negando la crisis, sino demostrando que todavía sabe resolverla.
