Hay una frase que ningún alcalde o gobernador quiere escuchar: “… No tengo luz”.
Detrás de esas tres palabras viene todo lo demás: no hay agua porque los pozos dejaron de bombear, se echan a perder alimentos y medicamentos, se detienen negocios, fallan sistemas de comunicación y, en casos extremos, dejan de funcionar equipos médicos indispensables para la salud de las personas.
La semana pasada comunidades de Colón #Querétaro reportaron hasta siete días sin energía eléctrica. En algunas localidades se acumularon más de 100 reportes sin solución. Hubo incluso el traslado de un paciente debido a que los equipos que requería dejaron de operar por la falta de suministro.
El problema parece local. Pero no lo es.
La electricidad en México no depende de los ayuntamientos ni de los gobiernos estatales. La controla la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Sin embargo, cuando ocurre una falla prolongada, el ciudadano no reclama en la oficina de una superintendencia regional. Reclama en la presidencia municipal. Busca a su alcalde. Exige respuestas al gobernador.
La ineficacia de la CFE, se politiza y los carroñeros aprovechan políticamente la desgracia.
La CFE atiende actualmente a más de 49 millones de usuarios y opera una de las redes eléctricas más extensas de América Latina. El propio gobierno federal reconoce la necesidad de invertir más de 620 mil millones de pesos entre 2025 y 2030 para fortalecer la generación, transmisión y distribución de energía. La razón es simple: México está consumiendo electricidad más rápido de lo que crece su (vieja y obsoleta) infraestructura. Andrés Manuel invirtió 10 mil MDP menos que Peña Nieto, en ello.
El crecimiento industrial, la expansión urbana, las altas temperaturas y la llegada de nuevas inversiones han incrementado la demanda energética en prácticamente todo el país. La consecuencia es una red sometida a una presión cada vez mayor y más vulnerable a interrupciones y fallas.
Pero existe otro problema menos visible: la burocracia.
Presidentes municipales, empresarios y ciudadanos suelen encontrarse con procesos lentos, escasa comunicación institucional y reportes que tardan días en convertirse en soluciones. El usuario recibe un número de folio, pero sigue sin luz. Esa percepción de abandono termina convirtiéndose en enojo social, con consecuencias políticas.
Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León comparten hoy una preocupación legítima. Una falla eléctrica prolongada puede afectar la calidad de vida, la actividad económica y la percepción ciudadana sobre la capacidad de respuesta del gobierno. No importa que la red eléctrica sea federal; el desgaste suele recaer en las autoridades más cercanas a la población.
Por eso el desempeño de la CFE ya no es únicamente un asunto técnico. Se ha convertido en un tema de gobernabilidad.
La electricidad la controla la Federación, pero los reclamos los recibe la autoridad local.
El superintendente de Distribución de la CFE en Querétaro, ingeniero José René García Alcántara, se esconde. Ni soluciona, ni explica. El si tiene luz en su casa. Que comodidad.
@PedroPabloTR
