Es común que existan políticas que diseñan los gobiernos para resolver algunos problemas genuinos, pero también hay otras que se elaboran considerando el clima electoral. Esa es la realidad de Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos, países de la Unión Europea (UE), que han construido una política antinmigratoria que ayudaría, de acuerdo con sus líderes, a frenar la migración ilegal en el conglomerado europeo de naciones.
Esta política busca la creación de un centro de retorno en Ruanda, es decir, a las personas inmigrantes ilegales de los cinco países europeos mencionados los llevarían a ese país. Es un movimiento controversial por parte de los gobiernos involucrados, pero lo defienden como una de las acciones que deben ejecutar en el actual contexto europeo, sobre todo considerando la posición de una parte creciente del electorado.
Los datos son incómodos para el relato oficial. Las llegadas irregulares a la UE están, de media, en sus cifras más bajas en mucho tiempo. Si el problema migratorio se estuviera agravando, el endurecimiento tendría una explicación práctica. Pero no es el caso. Lo que sí crece es el peso electoral de la extrema derecha en temas de antiinmigración. Pero el contexto de la preferencia política se une al contexto de los cinco países, en los que se avecinan elecciones.
Algunas autoridades de la UE lo han señalado sin miramientos. El objetivo de estos centros es apaciguar el sentimiento antimigratorio, no buscar una gestión adecuada de la migración. Y la propia Mette Frederiksen, que ha pilotado el acuerdo, confiesa que lo esencial no son las cifras sino la “señal”. El mensaje es poderoso, puesto que si la persona migrante irregular ahora sus recursos para acreditar su estadía legal en estos cinco países, será trasladada al centro en Ruanda. Valdría la pena pensar en la similitud de la estrategia generada al otro lado del Atlántico, dirigida desde la Casa Blanca por Donald Trump y ejecutada por el ICE, que ha capturado a muchas personas, principalmente latinoamericanas.
No es casual que haya críticos entre los propios Estados miembros, como Francia y España, ni que organizaciones de derechos humanos hablen de una forma cínica de trasladar responsabilidades. Quizá no se oponen a que se ejecuten órdenes de expulsión legítimas, sino a que el instrumento elegido sea muy costoso, frágil desde el punto de vista jurídico y moralmente cuestionable; pero también porque haya elegido para otorgar réditos políticos.
Queda además lo que nadie quiere calcular. Los gobiernos evitan hablar del coste y responden que mantener a personas sin permiso también sale caro. Es posible, pero una política pensada solo para resolver un problema administrativo habría empezado por una cifra, un calendario y una evaluación pública de resultados. Esa ausencia de transparencia encaja mejor con una política cuyo fin es simbólico.
Europa necesita un sistema de retorno que funcione, y eso nadie lo discute seriamente. Pero conviene distinguir entre arreglar un sistema y teatralizar su arreglo. Si dentro de unos años el centro de Ruanda ha costado mucho, ha acogido a pocas personas y el discurso antimigratorio sigue creciendo, el balance será claro: se pagó un alto precio político, financiero y moral para ganar una conversación que, de hecho, se perdió al aceptar sus términos.
Niels Rosas Valdez
Historiador e internacionalista
@NielsRosasV (X)























