La acusación de la presidenta Claudia Sheinbaum contra Lorenzo Córdova –“sabía y no hizo nada”, “constituyeron esa mafia electoral”– no es solo una denuncia de malos manejos heredados en el Instituto Nacional Electoral (INE); se trata, más bien, del desnudamiento de una contradicción estructural que abre la puerta a un debate de fondo sobre la democracia misma en México.
Cuando Sheinbaum señala el origen salinista del INE (antes Instituto Federal Electoral) y a la red de contratistas que operó durante la gestión de Córdova, con antecedentes en décadas pasadas, deja al descubierto que el árbitro liberal nunca se mantuvo al margen de los intereses privados. La defensa de Córdova, quien sostiene que su administración es “cosa juzgada” y acusa a Morena de autoritarismo, revela que lo que se disputa es el significado mismo de la democracia. Mientras él defiende la institucionalidad liberal como dique, ella cuestiona su legitimidad de origen y su probidad.
En realidad, se trata del choque entre dos visiones políticas que prefigura lo que algunos teóricos llaman “desdemocratización”, es decir, el momento en que las instituciones liberales se convierten en caparazones que legitiman una racionalidad neoliberal y vacían de contenido político al “demos”. La revelación de la “mafia electoral” permite nombrar el daño, pues un organismo creado para garantizar la equidad terminó operando al servicio de intereses privados.
El argumento central de la presidenta va más allá de castigar a los responsables de los malos manejos administrativos. Su crítica al INE y su propuesta de reforma electoral –que volverá a impulsar después de las elecciones de 2027 y cuyo objetivo es reducir 25% el presupuesto de los partidos políticos, eliminar 32 senadurías plurinominales e instaurar la elección popular de consejeros– pueden leerse como un intento de desprivatizar el costo de la vida política y devolver peso a la representación territorial y ciudadana.
Sin embargo, de seguir impulsándose de esta manera, la reforma propuesta continuaría operando dentro de un marco liberal. Cambiaría las reglas de acceso al poder, pero seguiría concibiendo la democracia como un método de gobierno (más barato y más participativo) y no como un práctica de cuidado y reparación de la vida colectiva. El riesgo sería que la disputa se agotara en un rediseño institucional que reprodujera la misma lógica estatal que se critica.
Con todo, la confrontación de la presidenta con Córdova no se reduce a exponer la corrupción ni a un pleito de contratos: es el momento en que cae la máscara de neutralidad del árbitro liberal. Al ir más allá de denunciar los malos manejos heredados, Sheinbaum deslegitima la idea de que el procedimiento liberal basta para garantizar la democracia.
Lo interesante de todo esto es que abre la posibilidad de un debate sobre una democracia reparativa, en la que la lucha no consista en “arreglar” al INE, sino en desplazar el eje de la legitimidad, de las urnas y los árbitros formales, hacia la capacidad real de la gente para decidir sobre lo común y reparar el tejido social y territorial dañado por el neoliberalismo. La disputa es la grieta, y la reparación dependerá de lo que la presidenta de México logre hacer con ella.























