Los “tropiezos” de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, comenzaron con el lamentable accidente carretero de los agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que fallecieron en abril de 2026, tras participar en el supuesto desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara. Ante las acusaciones del gobierno federal por violar la Ley de Seguridad Nacional, se presentó como “perseguida política” y, finalmente, entregó a su exfiscal César Jáuregui, a quien responsabilizó por el ingreso y de la participación de los agentes de esa organización.

El principal foco de desgaste está en la gestión del caso de los agentes fallecidos. La relación personal con quien entonces era su fiscal, César Jáuregui –a quien llamaba “Gordo” en público–, se convirtió en su talón de Aquiles. Maru Campos sostuvo inicialmente una versión que después calificó de “incorrecta”, y admitió haberle exigido la verdad “en más de ocho ocasiones”. Reconocer esa falta de control sobre su propio fiscal constituye el primer gran tropiezo.

Ante las preguntas de la Fiscalía General de la República (FGR), la gobernadora recurrió a la estrategia clásica de la oposición de declararse “perseguida política” y acusó al gobierno federal de fabricar delitos para desviar la atención de los actos realizados en contra de la Ley de Seguridad Nacional. Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) la respaldó con movilizaciones y discursos centrados en la consigna de “no tocar a Maru”.

El verdadero giro ocurrió semanas después. Maru Campos fue la primera en revelar detalles de la tensa reunión privada que sostuvo con Sheinbaum el 19 de septiembre en Ciudad Juárez. Posteriormente, durante su conferencia matutina, la presidenta corroboró parte de lo ocurrido en ese encuentro. En la reunión, Campos habría atribuido al exfiscal, toda la responsabilidad del operativo, convirtiéndolo en el “chivo expiatorio” para salvaguardarse a sí misma. El pasado 22 de octubre, César Jáuregui fue detenido y vinculado a proceso en el fuero común por el delito de ejercicio ilegal del servicio público.

Aunque este movimiento fue una medida pragmática para la supervivencia de la gobernadora, constituyó el tropiezo más costoso. Para conseguir impunidad, sacrificó a su hombre de confianza –un cuadro de la política local panista con el que colaboró durante más 15 años–, provocando una fractura al interior del partido en Chihuahua.

Para recomponer su imagen y mantener su relevancia nacional, Maru Campos ha intensificado su retórica. Ya no se limita a hablar del “narco”; sino que adoptó el término “terrorismo” para referirse a los carteles, imitando deliberadamente el discurso de Donald Trump. El blanco más reciente de esta estrategia es la lideresa de Morena, a quien acusó, sin presentar pruebas, de mantener nexos con el Cartel de Sinaloa desde 2021. En este contexto, los calificó de “grupos terroristas”. Imputación a la que respondió Ariadna Montiel de manera contundente, la llamó “mitómana” y la retó a presentar pruebas.

Los tropiezos de Maru Campos no son errores aislados, sino parte de una compleja operación de supervivencia política en la que los aliados se convierten en moneda de cambio y los discursos se importan sin filtro.

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