El viernes 22 de mayo, Claudia Sheinbaum y Ursula von der Leyen firmarán en la Ciudad de México el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, durante la primera cumbre bilateral de alto nivel en once años. El gobierno lo presenta como evidencia de que México genera confianza internacional. El mismo día, el INEGI publica el PIB definitivo del primer trimestre. La estimación preliminar ya anticipó una contracción de 0.8%, la más severa desde 2024, con caídas en agricultura, manufactura y servicios. Las dos noticias juntas plantean la pregunta que el gobierno prefiere no formular: ¿qué le estamos ofreciendo a Europa?
El acuerdo modernizado crea un Tribunal de Solución de Controversias de Inversión, diseñado para garantizar certidumbre jurídica a las empresas europeas que operan en México. Es el corazón del instrumento, Europa no firma por simpatía diplomática, sino porque necesita un marco que proteja sus capitales de decisiones arbitrarias, expropiaciones o cambios regulatorios discrecionales. Más de 45 mil empresas europeas exportan a México; lo que buscan es previsibilidad. Eso es precisamente lo que México lleva dos años erosionando.
El análisis más contundente sobre la contracción del primer trimestre no atribuye el problema a factores externos. La inversión en México cayó más del 6% durante 2025, su peor desempeño fuera de la pandemia y la debilidad persiste en 2026. La causa identificada por los analistas es consistente: incertidumbre judicial. Si se quiere reactivar la inversión, sostienen, hay que revertir la reforma o al menos mitigar sus efectos; la concentración de poder y la erosión de los contrapesos son negativos para la inversión.
El acuerdo con la UE incluye un capítulo expreso sobre combate a la corrupción y tipifica el soborno como delito grave para funcionarios de ambas partes. Lo que el acuerdo no puede resolver es la paradoja de fondo: México está comprometiéndose ante la Unión Europea a garantizar certidumbre jurídica para la inversión extranjera en el mismo momento en que su sistema judicial fue rediseñado por voto popular, su poder legislativo concentra decisiones sin contrapeso real y su fiscalía opera bajo presión política documentada.
Diversificar frente a la dependencia con Estados Unidos es una decisión correcta, urgente incluso. El problema es el argumento con que el gobierno lo vende. Sheinbaum dijo que la firma “muestra la certidumbre que hay sobre el país”. Esa certidumbre existe en la medida en que México mantiene acceso a materias primas que Europa necesita y una posición geopolítica que le conviene. No es certidumbre institucional y confundirlas no resuelve el problema de inversión.
Ningún acuerdo comercial sustituye lo que un inversionista europeo va a buscar antes de firmar un contrato en México: un juez que no le deba el cargo al gobierno con el que litiga.
X: @maeggleton
