La reforma judicial cambió quién elige a las personas juzgadoras, pero la primera elección no consiguió que la ciudadanía reconociera su labor.

En junio de 2025 votamos por primera vez para cubrir 881 cargos del Poder Judicial federal, entre ellos la mitad de las magistraturas de circuito y juzgados de distrito. Las personas electas asumieron en septiembre. La Envipe 2026, levantada por el Inegi entre febrero y abril, ofrece la primera medición nacional posterior.

Sólo 20.4% de la población adulta identifica a los jueces entre las autoridades de seguridad y justicia. Es el porcentaje más bajo entre las instituciones incluidas y prácticamente no cambió frente al 20.2% de 2025. Entre quienes sí los identifican, 65.8% considera que son corruptos. La cifra bajó desde 69%, pero mantiene a los jueces en el segundo lugar, detrás de la policía de tránsito.

La discusión pública se concentró en este último dato. Se preguntó si elegir jueces redujo la corrupción percibida. La encuesta no permite atribuir a la reforma el descenso de 3.2 puntos porcentuales. Sin embargo, el dato que pone en aprietos su diseño es otro: después de una elección nacional, la proporción que identifica a los jueces no se movió.

La rendición de cuentas electoral requiere que el votante identifique a la autoridad, conozca sus responsabilidades, observe su desempeño y pueda atribuirle resultados. Sólo así puede premiarla o castigarla cuando corresponda renovar el cargo. Si cuatro de cada cinco personas no identifican a los jueces, esa cadena difícilmente puede formarse.

Cambiar el método de selección no resuelve por sí mismo un problema de legitimidad. El voto no opera como control cuando la ciudadanía desconoce a quién vigilar y por cuáles decisiones exigirle cuentas. Sin información pública sobre funciones y desempeño, un ministro electo puede permanecer tan lejos del escrutinio ciudadano como uno designado mediante el procedimiento anterior.

La literatura sobre rendición de cuentas ha documentado que el voto controla al poder cuando el electorado puede atribuir responsabilidades. De lo contrario, la elección confiere legitimidad de origen, pero no asegura vigilancia. En México se presentó la elección como respuesta al problema de control sobre el Poder Judicial. Esa conexión todavía no se ha construido.

La segunda elección judicial fue aplazada. La reforma constitucional de junio de 2026 trasladó a 2028 la elección de las magistraturas de circuito y juzgados de distrito restantes, para evitar que coincidiera con los comicios ordinarios y la posible revocación de mandato de 2027. El aplazamiento concede tiempo para corregir el diseño. La información ciudadana tendría que formar parte de esa revisión.

Si menos de una cuarta parte del país identifica a quienes imparten justicia después de haberlos llevado a las urnas, ¿qué estamos legitimando exactamente con ese voto?

X: @maeggleton