El futuro de la innovación en México depende de la capacidad para proteger y valorar el talento de los investigadores. Se les reconoce el monopolio temporal para explotar sus inventos. Este derecho está regulado por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial[1] (LFPPI), que establece los principios para garantizar el reconocimiento y beneficios de sus obras. Pero, durante el año 2025 aumento el número de solicitudes de patentes negadas a investigadores, particularmente a aquellos que laboran en instituciones académicas y centros públicos de investigación.
El artículo 39 de la LFPPI establece que el inventor es la persona física que realiza una invención, un modelo de utilidad, un diseño industrial o un esquema de trazado de circuito integrado.
Se presume como inventores a quienes figuren en la solicitud de patente, garantizando su reconocimiento salvo prueba en contrario. Sin embargo, este principio no siempre se traduce en resultados favorables para los solicitantes, ya que la obtención de una patente depende de cumplir con requisitos técnicos y legales.
El artículo 38 establece que el derecho a obtener una patente pertenece a quien primero presente la solicitud o reivindique una prioridad más antigua, lo que pretende evitar conflictos entre inventores independientes que desarrollan la misma idea de forma separada. En la práctica, este principio puede convertirse en un obstáculo para los investigadores que enfrentan retrasos burocráticos o carecen de recursos para presentar sus solicitudes de manera oportuna.
En el año 2025 el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) recibió un total de 21,265 solicitudes y otorgó 14,828 patentes. Los investigadores desarrollan e innova, pero se enfrentan a rezagos administrativos relevantes y negativas derivadas de errores humanos e incumplimientos en redacción, integración de expedientes y requisitos.
La redacción de una solicitud de patente es un proceso técnico y complejo que requiere experiencia legal y científica. Muchos investigadores, debido a la falta de formación en propiedad intelectual o recursos para contratar especialistas, presentan solicitudes que no cumplen con los requisitos formales.
También los errores en la descripción de la invención, en la redacción de las reivindicaciones o los dibujos técnicos pueden ser una causa para el rechazo.
Obtener una patente implica costos significativos, desde las tasas de presentación hasta los honorarios de abogados especializados. Para muchos investigadores, especialmente aquellos que trabajan en proyectos con financiamiento limitado, estos costos representan una barrera importante.
Existe un área de oportunidad para simplificar los procesos, lo que permitirá reducir la probabilidad de negativa en las solicitudes de patentes en nuestro país e incrementará el interés en la investigación y desarrollo de actividades inventivas.
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[1] Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. (2022). Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Recuperado de https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI.pdf
