He sostenido con firmeza que las leyes no deben ser adornos de escritorio ni letra muerta en un diario oficial; deben ser respuestas vivas y tangibles al reclamo de una ciudadanía que se siente vulnerable ante la arbitrariedad. Con esa convicción, presenté ante la Legislatura una iniciativa que toca una de las fibras más sensibles de la economía familiar en Querétaro: la reforma integral a la Ley de Servicios Auxiliares del Transporte Público del Estado. El objetivo es un imperativo ético: cero tolerancia a los abusos de concesionarios y el fin definitivo a la corrupción de servidores públicos.
Cada mañana, miles de queretanos salen a trabajar con honestidad para llevar el sustento a sus hogares. Es inaceptable que ese esfuerzo se vea truncado por la "amarga realidad" de una detención arbitraria. Hablo de esos casos donde, por una decisión infundada o un simple capricho de un oficial, se ordena el traslado de un vehículo al corralón. No generalizo, en nuestras corporaciones hay policías ejemplares, pero no podemos cerrar los ojos ante una práctica que se ha vuelto sistemática: el uso del servicio de grúas como una caja chica alimentada por el "banderazo" ilegal y remisiones injustificadas que parecen responder más a una colusión de intereses económicos que a la preservación del orden público.
Mi propuesta es tajante: si tras un procedimiento legal se determina que el arrastre no derivó de una falta administrativa o un hecho ilícito, el ciudadano no debe ser castigado con el pago de un solo peso. El servicio de grúa y el depósito vehicular deben ser gratuitos cuando la autoridad se equivoca. Es más, si el ciudadano ya realizó el pago, la ley ahora obligará a la devolución íntegra y expedita de su dinero. Justicia que no es retroactiva, no es justicia.
Esta iniciativa no es una ocurrencia personal, sino un acto de estricta congruencia con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El máximo tribunal, en la resolución del Amparo Directo 251/2024, ha sido enfático: cuando se declara la nulidad de una sanción, la restitución de derechos debe ser total. Esto no solo abarca la cancelación de la multa, sino la eliminación de todas las consecuencias económicas del actuar ilegítimo de la autoridad, incluyendo el arrastre y el almacenamiento.
Con esta reforma, buscamos atacar el problema desde dos frentes:
Desincentivar la arbitrariedad: Al eliminar el beneficio económico del arrastre injustificado, cortamos de tajo los incentivos para que las dependencias de tránsito remitan vehículos por mero capricho o cuotas de poder.
Erradicar la piratería: Al obligar a la devolución de lo cobrado indebidamente, el "negocio chueco" de las grúas y corralones fuera de la norma dejará de ser rentable.
Gobernar es servir, y servir exige blindar el patrimonio de las familias frente a la corrupción que aún se cuela en las filas de nuestras instituciones. Mi compromiso es con la legalidad y con el ciudadano que exige un Querétaro justo. No permitiremos que el sudor y el esfuerzo de nuestra gente se queden atrapados en un corralón por una injusticia.
