La entrega voluntaria -y negociada con el gobierno de EE. UU.- de morenistas señalados de tener nexos con cárteles, golpea a Morena debajo de su línea de flotación y la pone en riesgo de zozobra al demostrarse la implicación de dirigentes con cárteles; que, como dice Trump, “gobiernan al país”; y la incapacidad de Sheinbaum para seguirlos encubriendo. El pedestal de la superioridad moral de la 4t está en proceso de derrumbarse, y la elección de 2027 puede ser un indicador del daño infringido.

La oportunidad de crear un frente multinacional para erradicar el narcotráfico, tantas veces propuesto por especialistas, ha sido rechazado por el gobierno de Sheinbaum, que lejos de colaborar para reducir el poderío económico de estos grupos, el daño a la población, su capacidad armada y recuperar la cornucopia de recursos económicos (dinero, empresas, propiedades, inversiones, etc.) que servirían para reparar el daño a las más de 500 mil familias que han perdido un integrante -por asesinato o desaparición-, estos se irán a EE.UU., por omisión y complicidad de la morenizada justicia mexicana.

El rechazo a entregar morenistas al gobierno de Trump, por la 4T, bajo el falso argumento de la soberanía, queda por los suelos con la entrega voluntaria de los primeros morenistas, y deja en claro la labor de encubrimiento a cargo de Sheinbaum, lo cual le puede resultar contraproducente si -a quienes pretende encubrir- la inculpan de haber utilizado recursos de procedencia ilícita en su campaña; y obliga a la 4t a modificar su narrativa y actitud ante la exigencia de colaboración, conforme al convenio de extradición suscrito por México y Estados Unidos, y a los tratados internacionales.

Incongruentemente, mientras Sheinbaum hace todo lo posible para retener a Rocha Moya en el país y otorgarle impunidad, embiste políticamente a la gobernadora de Chihuahua, impulsando electoralmente a su partido a tomar el poder, por el hecho de que la CIA, el ejército mexicano y policías estatales destruyeron el mayor laboratorio de drogas en nuestro territorio, contrastando su actitud ante dos gobernadores en situaciones contrapuestas.

A diferencia de Bolivia, Chile, Argentina, Costa Rica, Honduras -entre otros países donde ha habido alternancia-, en México hay una doble crisis: no hay alternativas sólidas y viables (opciones partidistas), ni definición de rumbo (proyecto).

La prioridad es conocer qué proyecto es adecuado para movilizar a la sociedad, superando el hartazgo —motor emocional de las decisiones electorales—, por la conciencia del bien común deseado y por la determinación por hacerla posible. La alternativa no está ni en proyectos antimorenistas, ni en resignarse a administrar su legado, sino en construir –deveras- condiciones para el bien común.

En el cómo hay experiencias que se pueden aprovechar: Taiwán, Singapur, Corea del Sur, Malasia y, más recientemente, China, que logró sacar permanen temente de la pobreza a 800 millones de personas. Estos países tienen en común —aunque con diversos grados, acentos y matices—: inversión prioritaria en educación de calidad —a todos los niveles—; promover la inversión interna y externa; dar garantías jurídicas a los inversores; promover la libertad de mercado; la generación de empleos productivos enfocados a la exportación; apoyos sociales temporales y subsidiarios; cero tolerancia con la corrupción, entre otros. Pero estas propuestas quedarían incompletas si no se pone al centro a la persona humana, ni se busca el bien común como principio y fin de la acción política.

La crisis nacional se debe, en parte, a la creciente demagogia y la falta de ética, por lo que recuperarla constituye una exigencia imprescindible para la viabilidad del país. Es por ello que, hoy, una tarea necesaria y urgente consiste en fortalecer y enfocar alternativas políticas -partidistas, cívicas y sociales- que posibiliten la alternancia y proyectos eficientes y viables de bien común.

Periodista y maestro

en seguridad nacional