Si, la protección que el gobierno de la presidenta Sheinbaum otorgan a los denominados narcopolíticos al no investigarlos y menos sancionarlos nos cuesta a todos los mexicanos.

Consideraciones previas:

Lo primero a tener presente es que los grupos criminales florecen cuando cuentan con el apoyo gubernamental y por tanto cuando gozan de impunidad. Impunidad que además incentiva a pillos y pequeñas bandas a extenderse y multiplicarse.

Segundo, que la relación entre gobernante y narcotraficante ha cambiado. Es imprescindible reconocer que si bien en el pasado hubo gobernantes que aceptaron dinero de los narcotraficantes para mirar para el otro lado ante el trasiego de drogas, hoy son los gobernantes los que encabezan dichos grupos criminales. El grupo criminal la Barredora de Tabasco es un ejemplo.

Tercero, la experiencia nos dice que cuando el líder visible de un grupo criminal es detenido o eliminado, surge otro u otros lideres que ocupan su lugar. Ello me indica la presencia de una cabeza, de “alguien más arriba” -un narcopolítico-, que sigue protegiendo y coordinando al grupo criminal. Ello significa que en tanto no se descabece al grupo criminal, este resurgirá y resurgirá.

En cuanto a los costos:

El incuantificable costo de la protección a los narcopolíticos no solo lo pagan las familias de las decenas y decenas de miles de personas asesinadas y desaparecidas, lo pagamos todos y en diversos sentidos.

Todos pagamos el costo cuando nuestro derecho a vivir en paz y tranquilidad desaparece, cuando sentimos que podemos ser secuestrados o asaltados, cuando nuestros hijos pueden ser enganchados en el consumo de drogas o bien cuando los obligan a incorporarse a los grupos criminales bajo la amenaza de ser asesinados si no lo hacen, -Rancho Izaguirre es un trágico ejemplo-, cuando somos extorsionados, etc..

Todos, unos más y otros menos, gastamos de nuestro dinero para intentar protegernos de los delincuentes. Unos gastan en poner protecciones a sus ventanas en sus casas, otros en comprar autos blindados. Las empresas gastan millonadas en proteger sus mercancías al transitar por carreteras, gastos que se suman a lo que nosotros pagamos por sus productos.

Todos pagamos un altísimo costo por las oportunidades perdidas. Es un hecho que la violencia criminal reduce las inversiones y con ellas la generación de empleos. Reducción que finalmente se traduce en un freno a la economía nacional y por tanto a la de prácticamente todas las familias.

También todos pagamos el costo que conlleva el tener que destinar recursos públicos en enfrentar a los criminales y delincuentes por parte de las fuerzas e instituciones federales (Esto cuando no se trata de los cómplices y subalternos ya que a estos no se les enfrenta -pacto de impunidad-). Recursos que son muy necesarios en atender diversas necesidades como la salud.

En suma, la protección que el gobierno de la presidenta Sheinbaum otorga a determinados grupos criminales, ya sea por acción u omisión, nos cuesta mucho a todos los mexicanos.