En las últimas semanas hemos escuchado a la presidenta y a sus voceros señalar que el número de homicidios dolosos a nivel nacional se ha reducido hasta en un 40% al pasar de 87 (sept. 2024) a 52 (abril 2026) homicidios por día (no olvidemos que en el sexenio de López Obrador se cometieron más de 200,000 homicidios, una cifra muy superior a la de cualquier otro presidente). También, y en el contexto de los ataques a la gobernadora Maru Campos, expresaron que Chihuahua ocupaba el primer lugar en homicidios, seguido de Guanajuato (también gobernado por la oposición).
Si bien la reducción de toda tasa de homicidios es deseable y digna de reconocerse —y una obligación primordial de todo gobierno—, la dolorosa realidad es que la presidenta y sus voceros mienten.
Con respecto a la realidad nacional, tenemos que, si bien el número reportado de homicidios dolosos disminuyó, el número de homicidios “no especificados” y el de “culposos” crecieron. Pero lo peor está en que pareciera que el gobierno alcanzó un pacto con el crimen organizado para que este último ya no dejara tirados los cuerpos de las personas asesinadas —lo que los lleva a contabilizarse como homicidios dolosos— y que los enterraran en fosas clandestinas; así, al no haber cuerpos o cadáveres, la persona “asesinada” se cataloga como persona desaparecida. En este sentido, llama la atención que la disminución de homicidios dolosos reportados es ligeramente menor que el incremento en el número de personas desaparecidas (insisto, pareciera que ahora los asesinados son catalogados como desaparecidos).
En lo que toca al señalamiento de que Chihuahua y Guanajuato presentan el mayor número de homicidios dolosos, es de aclararse que, al ser estados con mayor número de habitantes, es comprensible que el número de homicidios dolosos también sea mayor. Ante ello, la forma correcta de medir la presencia de homicidios dolosos es a partir del número de homicidios por cada 100,000 habitantes. Así, siendo justos en la medición, tenemos que el primer lugar corresponde a Colima, con una tasa de 81 homicidios por cada 100,000 habitantes; le siguen Morelos, con 54, y Sinaloa, con 52 (los tres estados gobernados por Morena). Para Chihuahua el número es de 47 y para Guanajuato, de 41.
Es importante señalar también que el Código Penal Federal y la Ley General de Salud establecen que el combate al narcotráfico es responsabilidad de la federación. Por lo que, si la mayoría de los homicidios dolosos y las desapariciones que ocurren en el país tienen su origen en el crimen organizado, atenderlos es responsabilidad del gobierno federal.
Finalmente, no sobra señalar que el actual gobierno de la Dra. Sheinbaum cuenta con todas las herramientas jurídicas, humanas y presupuestales que ha solicitado para enfrentar con éxito al crimen organizado. Es por ello que resulta inaceptable que ahora pretendan renunciar a su principal responsabilidad y razón de existir, que es la de brindar seguridad personal y patrimonial a todos los mexicanos, y echarle la culpa de los homicidios a gobiernos anteriores o a los gobiernos estatales.
Exsenador. @tamborrelmx
