La discusión sobre el nombramiento del fiscal anticorrupción en Querétaro expone un problema que trasciende la coyuntura política: el diseño institucional de las fiscalías. Más allá de la confrontación entre Morena y el gobierno estatal, el debate remite a una pregunta de fondo: ¿qué modelo garantiza mejor equilibrio entre autonomía, eficacia y rendición de cuentas en la procuración de justicia?

En México, el tránsito ha sido gradual. Durante décadas, las procuradurías dependieron directamente del Poder Ejecutivo, lo que permitía control político inmediato, pero también abría la puerta al uso faccioso de la justicia. La subordinación al gobernador o al presidente implicaba que la persecución penal podía alinearse con intereses políticos, especialmente contra adversarios.

El modelo posterior introdujo contrapesos legislativos, al requerir la aprobación del Congreso para los nombramientos. Sin embargo, las procuradurías seguían dentro del Ejecutivo, lo que limitaba su autonomía real. Más recientemente, se avanzó hacia fiscalías autónomas, separadas orgánicamente del poder político, aunque con un mecanismo de designación que mantiene la participación del Ejecutivo mediante la propuesta de ternas.

Este esquema, vigente en Querétaro, busca equilibrio: el Ejecutivo propone y el Legislativo valida con mayoría calificada. Su ventaja radica en que obliga a la negociación política y, en teoría, evita imposiciones unilaterales. No obstante, también puede generar bloqueos o nombramientos producto de acuerdos políticos más que de criterios técnicos.

La propuesta de Morena de establecer convocatorias abiertas y designaciones desde el Congreso apunta a fortalecer la legitimidad de origen. Sin embargo, este modelo enfrenta cuestionamientos similares: el riesgo de que la mayoría legislativa imponga perfiles afines y la dificultad para establecer mecanismos claros de rendición de cuentas cuando el fiscal no responde a un solo poder.

En contraste, el modelo de elección popular, como en algunas jurisdicciones de Estados Unidos, introduce un componente directo de legitimidad democrática. No obstante, diversos análisis han señalado que puede incentivar prácticas orientadas a la visibilidad política, como priorizar ciertos delitos sobre otros para mejorar indicadores públicos, lo que distorsiona la política criminal.

Cada modelo implica costos y beneficios. La dependencia del Ejecutivo facilita la remoción y la rendición de cuentas política, pero compromete la imparcialidad. La autonomía fortalece la independencia, pero puede diluir la responsabilidad. Los esquemas legislativos y abiertos amplían la participación, pero no eliminan la influencia partidista.

En ese contexto, no existe un diseño perfecto. Las reformas pueden ofrecer mejoras en legitimidad o eficacia, pero también introducen nuevos dilemas sobre control institucional. La clave no está solo en quién nombra al fiscal, sino en cómo se establecen mecanismos efectivos de evaluación, transparencia y remoción, en un ámbito donde la capacidad del Estado para perseguir delitos incide directamente en la seguridad pública.

Consultor, académico y periodista