La imagen de grandes consorcios nacionales y extranjeros, como Femsa y Walmart entregando sus cheques al SAT por adeudos millonarios que antes no reconocían o litigaban en los tribunales, es un buen referente de cómo el endurecimiento de la política fiscal del gobierno de López Obrador está dando resultados.
Ante el temor de una demanda judicial o una exhibición pública como deudores del fisco, algo que afectaría no solo su imagen sino sus acciones en los mercados financieros, los grandes contribuyentes han comenzado a doblar las manos y han reconocido adeudos que en otros tiempos se negaban a aceptar y preferían mandar a sus despachos de abogados fiscalistas, ya sea a impugnarlos legalmente y ganar tiempo o incluso a pedir “favores” o condonaciones en los más altos niveles del gobierno, donde solían tener un trato preferencial.
A partir de que el propio presidente hiciera pública la existencia de una lista con los 15 grandes deudores que le debían al SAT cerca de 50 mil millones de pesos y les sugiriera pagar sus adeudos con la amenaza velada de iniciar acciones legales, los grandes contribuyentes empezaron a aflojar y decidieron pagar “voluntariamente” antes de ser exhibidos o señalados públicamente.
La mano dura de Raquel Buenrostro desde el SAT es el brazo ejecutor de esta política, pero la decisión de cobrarles y amagarlos públicamente fue solo del presidente. Cuando le dijeron a López Obrador que venía una caída significativa en la recaudación de impuestos del gobierno, lo que mermaría los ingresos fiscales, no dudó en dar luz verde a la estrategia de la zanahoria y el garrote para los grandes contribuyentes.
La otra pinza por la que el gobierno de López Obrador está apretando a los contribuyentes, sobre todo a los más grandes, es la persecución judicial de la evasión a través de empresas de outsourcing ilegales, también conocidas como “factureras”, y en ese caso el ejecutor es Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera. El caso más reciente es el del presidente de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo “Billy” Alvarez, quien está acusado junto con su hermano José Alfredo Alvarez y su cuñado Víctor Garcés, de lavado de dinero y defraudación fiscal por cerca de 1,100 millones de pesos.
El caso que forma parte de denuncias ante la Fiscalía General de la Repúbica que hicieron los socios cooperativistas en contra de Billy Alvarez, por haber desviado 197 millones de pesos de la Cooperativa, toca no sólo al mundo empresarial sino también al mundo del futbol. Guillermo Alvarez había sido durante décadas una figura cuestionada por sus propios socios pero gozaba del favor de ciertos políticos de gobiernos anteriores, lo que sumado a sus recursos financieros y legales, le concedía impunidad ante las reiteradas acusaciones, varias de las cuales se frenaban en el Poder Judicial.
Y aunque hoy el tema aún no toca al equipo de futbol, entre los empresarios de la Liga Mx se ha desatado ya el temor y la incertidumbre de que, desde el SAT y la UIF se inicie una “cacería fiscal” en contra de los equipos de futbol mexicanos. La razón por la que están preocupados los dueños del futbol es porque al menos el 70% de los equipos actuales utilizan también empresas de outsourcing, como las que le detectaron a Billy Alvarez, para manejar sus esquemas fiscales, ante la elevadas nóminas que tienen que pagar a los jugadores.
Un dueño de un equipo, que pidió el anominato, aseguró que el promedio del sueldo de un jugador profesional estándar va de los 50 mil a los 100 mil dólares anuales, y ya si se trata de estrellas nacionales o internacionales, se habla hasta de 6 o 7 millones de dólares al año sólo de salarios, algo así como 130 millones de pesos. “Ante esas cantidades todos buscamos esquemas de outsourcing para reducir el impacto de la nómina. Pocos equipos en México son realmente autofinanciables, la mayoría depende de financiamientos estatales o gubernamentales”, comentó el empresario futbolero.
En el tema del Cruz Azul de lo que acusan a Billy Alvarez en la investigación de la UIF por la que le congelaron las cuentas y ante la que se amparó es precisamente de utilizar empresas factureras, que manejaban el outsourcing de algunos de sus pagos y gastos en la Cooperativa. Según la indagatoria de Santiago Nieto se trata, en el caso del presidente del Cruz Azul, no sólo de pagos relacionados con el equipo de futbol sino de recursos de la cooperativa a través de “empresas fantasma” a las que se facturaba a través de los servicios ilegales de outsourcing. Eso es lo que ha puesto a temblar a los dueños del futbol mexicano, que temen que al menos al 70% de los equipos han utilizado los mismos mecanismos para disminuir su carga fiscal. ¿Será que también se apoyaban en empresas fantasma para simular pagos y operaciones? Si es así la UIF tendría que echarles un ojo.
Por lo pronto, en plena crisis económica por la pandemia y cuando el panorama para el empleo y la producción es más incierto que nunca, el gobierno de López Obrador ha salido a cazar a empresarios deudores y evasores. Y a juzgar por los pagos solícitos de más de 17 mil millones de pesos que hasta ahora han hecho grandes consorcios y por el golpe contra Billy Alvarez, el mensaje de advertencia —algunos dicen “terror”— está funcionando. La pregunta ahora es el uso que se le dará a esos recursos recuperados por la endurecida política fiscal.
NOTAS INDISCRETAS…
A propósito de grandes deudores, en Tijuana dicen que en la lista con la que amagó el presidente está también Jorge Hank Rohn, de Grupo Caliente, quien le debería al fisco cerca de 3 mil millones de pesos, de los cuales ya habría pagado 1 mil millones y debe aún 2 mil millones. Dicen allá en la ciudad fronteriza que Hank Rohn anda otra vez con aspiraciones políticas y está pensando en las elecciones por la gubernatura en 2021. De ser así más le valdría pagar primero antes de que lo vayan a balconear y a estropearle cualquier aspiración…Y ya que andamos por Baja California, en el gobierno de Jaime Bonilla, se escucha hablar de que preparan una nueva “reforma constitucional” que mandarán al Congreso local. Pero no se espante, no es que Bonilla vaya a insistir con sus 5 años después del revés constitucional de la Suprema Corte que lo acusó de “fraude a la Constitución”, ahora se trataría de modificar la siguiente gubernatura, la que se elige el próximo año para que sólo dure 3 años y de ese modo el estado se empate electoralmente con las elecciones presidenciales en el 2024. Veremos si la presentan…En El Senado decidieron suspender definitivamente las comparecencias virtuales luego del escándalo que se armó con la del subsecretario Hugo López Gatell, quien fue denunciado por el PAN por “violencia de genéro” por la respuesta sarcástica y ofensiva que le dio a la senadora Alejandra Reynoso. La decisión la tomó directamente Ricardo Monreal, luego de que los panistas también se quejaran de que esas comparecencias no eran legales porque la Junta de Coordinación Política no tenía facultades para convocar a ningún funcionario porque eso competía en todo caso a la Comisión Permanente. Y el que se salvó, literalmente por la campana, con esta decisión fue el titular del Insabi, Juan Ferrer, quien estaba citado a comparecer mañana ante los senadores que seguramente le tenían preparados duros cuestionamientos por la fallida instrumentación del nuevo sistema de salud. Debió brincar de gusto el antropólogo y administrador al enterarse de la cancelación…Se baten los dados. Serpiente.
