El cerrado aval que el Senado estadounidense otorgó a la nominación de Kavanaugh a la Corte Suprema, desvela el afán colonizador del máximo órgano de justicia desde la ultraderecha.

Las dos nominaciones realizadas por el presidente Trump —junto a la de Gorsuch— confirman que, desde su posición logró hacer llegar a dos personajes que comulgan, sin fisuras, con la visión política de su gobierno, en un claro mensaje de que ninguna trinchera del poder se quedará sin contribuir a la realización de su conservadora agenda.

Lo ocurrido en nuestro vecino país no puede pasar desapercibido entre nosotros, si advertimos que en breve, el presidente Peña en acuerdo con AMLO, enviará la terna para sustituir al ministro Cossío, quien deja la Corte después de una fructífera labor. De hecho, el Presidente electo hará sentir su influencia en la Corte a través de la nominación de tres ministros durante su mandato, con lo cual, su capacidad de influir en la Corte a través de ministros cercanos a su visión política estará atemperada, aunque su incorporación sí podrá modificar las mayorías y equilibrios internos para deslizar a nuestro máximo tribunal hacia posiciones más liberales y progresistas.

No faltará quienes quieran, tal y como ha ocurrido con el PRI y el PAN, colonizar a la Corte y a los órganos constitucionales autónomos mediante el impulso de personajes comprometidos con las causas de Morena. Por el bien de la República y del Estado de Derecho, ojalá haya altura de miras para que los nombramientos se formulen en calidad de jefe de Estado, para alejarlos de extremismos ideológicos, cuotas de partidos y el pago de favores, con el fin de que a esas posiciones lleguen quienes estén mejor preparados.

No obstante, el afán colonizador no sólo es una amenaza externa. Si la próxima nominación no se hace cargo de la visión que de la Corte y el entero PJF tenga su nuevo integrante, es muy probable que no se pueda detener, sino que incluso se normalice la colonización del Poder Judicial desde el Poder Judicial.

Ninguna colonización es aceptable en un Estado democrático. Los tribunales constitucionales representan el último reducto de contención frente a la decadencia de la democracia. No entenderlo implica dejar abierto un flanco por el cual se puede colar el germen de la complacencia política que, desde la perspectiva liberal, constituye una afrenta a un Estado de leyes e instituciones, justo cuando necesitamos volver a edificar nuestro lastimado Estado de Derecho.