Las universidades han hecho reposar la legitimidad de sus autoridades en el principio de autonomía. La UNAM ha ensayado distintas modalidades, pero de todas ellas la que más estabilidad ha propiciado, por ser la menos polarizante, es la prevista desde 1945 por su Ley Orgánica, que en sus cerca de 70 años de vigencia ha permitido una estabilidad producto de la renovación ordenada y pacífica de sus autoridades.

Desde entonces, el nombramiento del titular de la Rectoría corresponde a la Junta de Gobierno, conformada por quince académicas y académicos de distintas instituciones, de cualidades científicas excepcionales, y cuya legitimidad desciende de haber sido elegidos por el Consejo Universitario, en tanto cuerpo representativo por excelencia de la comunidad universitaria.

La Junta de Gobierno ha tenido la capacidad de decidir los contornos del modelo para cada designación, determinando la manera en que buscará explorar la opinión de los universitarios en torno a quienes buscan acceder a la jefatura de la Universidad, el ámbito temporal en el que discurrirá el procedimiento, las etapas en las que se desenvolverá, la amplitud de la auscultación, y los esquemas de organización de sus integrantes para afrontarla.

El procedimiento electivo goza de una especificidad que destaca por algunas características que conviene recordar en el contexto de la convocatoria vigente:

Es un mecanismo participativo e incluyente en el que las opiniones de la comunidad universitaria, en su diversidad cultural, pluralismo ideológico, orientaciones sociales y preferencias académicas son recibidas presencialmente y sin intermediarios por cinco comisiones de la Junta de Gobierno, dentro de poco más de un mes, las cuales se acercan a las distintas entidades académicas para facilitar una más amplia participación. Quienes deseen enviar sus adhesiones de forma escrita pueden hacerlo a través de cartas enviadas por correo electrónico. Existe la posibilidad de que la propia Junta busque conocer la opinión de nuestros académicos más conspicuos, en el entendido de que la UNAM se distingue por tener entre su comunidad a premios nobeles, a quienes han sido galardonados internacional o nacionalmente y distinguidos como eméritos por la propia Universidad.

La participación de la comunidad es libre, pública y responsable, en donde todas las opiniones, favorables o críticas, tienen la oportunidad de ser escuchadas sin excepción, en un contexto en el que quienes concurren a expresarse declaran su nombre y demuestran su pertenencia a la Universidad, dialogan o hacen llegar a la Junta la información y las razones en que sustentan sus puntos de vista, para que ésta se pueda formar una criterio integral sobre los aspirantes.

El procedimiento es informado y genuino porque las opiniones se nutren de la información personal y los proyectos de trabajo presentados por los contendientes, publicados en la página web de la Junta para que la comunidad pueda conocer lo que están proponiendo para la Universidad.

La decisión es racional, porque su momento más emblemático se produce en las comparecencias, en donde cada aspirante se presenta ante la Junta en pleno, para que después de un dialogo extenso y un intercambio robusto se pueda advertir quién cuenta con el mejor perfil y el proyecto más adecuado para dirigir los derroteros de la Universidad.

En síntesis, es un método ampliamente deliberativo que auspicia la participación de toda su comunidad, de sus cuerpos colegiados, y la debida interacción de todos ellos y la Junta de Gobierno en la búsqueda de quien cumpla de mejor manera con las exigencias que impone esta altísima responsabilidad, y cuyo resultado final se concibe como una decisión colectiva que expresa un alto consenso democrático por su consistencia profundamente participativa.

El proceso se encuentra abierto en la UNAM, su resultado nos concierne a todos los universitarios, no nos quedemos sin participar.

Académico de la UNAM. @CesarAstudilloR