Lenia Batres Guadarrama, ministra morenista, va por la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. El primer proyecto que corre a cargo de la ministra propone la revocación de la suspensión provisional y, en su momento, la definitiva, con la finalidad de negar el amparo solicitado por un trabajador que ve directamente la afectación de sus garantías al privarlo de varios derechos, relativos a las pensiones complementarias, apoyos médicos complementarios, así como apoyos extraordinarios; ello llevaría a la desaparición de los fideicomisos registrados bajo los números 80692 y 80694. La Segunda Sala se integra por 2 morenistas afines a López Obrador y 3 ministros defensores de la Constitución. Ello me lleva a suponer que no prosperaría el proyecto de Batres, quien se empeña en defender una posición política e ideológica y no subordinarse a la Carta Magna.
Al presidente López le aprobaron sus legisladores y aliados, una reforma legal que prohíbe la existencia de fideicomisos. Ello, de suyo, implica una violación a la Constitución al entrometerse en la vida interna del Poder Judicial, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. Rompimiento de la autonomía que concede la Carta Magna a cada Poder para auto administrarse. Conste que no analizamos sobre las facultades jurisdiccionales, sino de su propia administración y para ello está el Consejo de la Judicatura Federal. Sería tanto como que, la SCJN con base en alguna ejecutoria resolviera que cualquiera de sus pares, debe subordinarse de tal o cual manera a la administración de su presupuesto público o de sus propias atribuciones, conforme lo decidan los ministros. Sería aberrante jurídicamente. Eso es lo que pretenden los oponentes a los impartidores de justicia.
En octubre pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la extinción de 13 fideicomisos. Derivado de ello se promovió la acción de inconstitucionalidad y muchos juicios de amparo. Gracias a la suspensión otorgada por una jueza de distrito, el Poder Ejecutivo no ha podido tomar posesión de los 15 mil, 800 millones de pesos; ya los hubiera gastado. Si pierden los juicios y la acción de inconstitucionalidad, el daño sería irreversible en perjuicio de los amparistas y/o empleados del Poder Judicial Federal. Sin dinero no hay fideicomisos y sin estos no han beneficios para los trabajadores; ellos aportan parte del dinero de esas figuras jurídicas. La resolución, antes de la elección puede influir en pro o en contra electoralmente del Presidente.
Analista legislativo. @HectorParraRgz
