En México, la manera en que se compactaban las funciones públicas más especializadas y estratégicas se fue erosionando y alejando de los poderes tradicionales, propiciando el nacimiento de instituciones dotadas de actuación propia.

Desde ese sano distanciamiento encontraron la posición y las garantías necesarias para dirigirse al ámbito gubernamental con el imperio brindado por su neutralidad política, a los sujetos regulados con el lenguaje técnico y profesional de sus resoluciones, y a la sociedad con la autoridad que les concede su contribución al afianzamiento de los derechos y libertades democráticas.

Cada autonomía ha tenido su propia evolución, pero todas ellas son igual de relevantes. Desde la que enuncia una cualidad esencial de las universidades, la que confiere derechos a los pueblos indígenas, hasta la que actualmente caracteriza a instituciones del Estado como el Banxico, INE, CNDH, Inegi, Ifetel, Cofece, Coneval, Inai, y la inminente FGR.

La decisión ha dado resultados positivos en el descongestionamiento de las potestades del ejecutivo, y ha logrado erigir contrapesos que con el tiempo han moderado su preponderancia y sus excesos. De ahí que las palabras del presidente electo al momento de recibir la constancia que lo acredita, cobren relevancia, porque al afirmar que el Ejecutivo “no será más el poder de los poderes, ni buscará someter a los otros”, confirma su respeto hacia la división de poderes y las instituciones autónomas, bajo el compromiso de “no entrometerse de manera alguna” en las resoluciones que únicamente les competen a ellas.

Al señalar que no tendrá “palomas mensajeras ni halcones amenazantes”, el presidente López Obrador está obligándose a no interferir indebidamente en decisiones que deben estar al margen de presiones e intereses políticos.

Y aunque dichas instituciones estén salvaguardadas desde lo constitucional y desde la autocontención política, ello no quiere decir que se encuentren libres de embates actuales o futuros, provenientes no solo de las autoridades sino de la gran gama de poderes fácticos que interactúan con ellas.

Cuando estas acechanzas y embates políticos comprometan lo alcanzado con el valor de las autonomías, existirá siempre el recurso a su defensa, como subrayó el rector Graue de la UNAM. No solo se trata de tener autonomía, sino de respetarla, ejercerla con responsabilidad y cuando se encuentre en riesgo, defenderla por todos los medios posibles.