Desde que existe el concepto de Estado, en la definición de un contrato social, se ha discutido el derecho a la rebelión que tienen los pueblos para desligarse de gobiernos opresores. En esencia, esa sería una forma de romper con un hipotético contrato no cumplido por las autoridades.
En los Estados regidos por una constitución, más en los Estados de derecho, donde se tiene que respetar un proceso legislativo para creación de leyes; pero además, éstas deben contener el reconocimiento y garantías de los derechos fundamentales, bajo la preeminencia de la autoridad del Poder Judicial, la rendición de cuentas y los sistemas anticorrupción que aseguran la transparencia, el derecho a disentir del gobierno se ha construido mediante un entramado institucional, con legislaciones, órganos y procedimientos que mantienen alejada la tentación de la violencia, recurso práctico de los caudillos o mesías que se autonombran interpretes y portavoces de las necesidades del publico. Se trata de garantizar la trasmisión de poder por la vía racional de la paz.
Precisamente, una de esas instituciones que permite que los ciudadanos que aspiran al poder legítimo, votado por el pueblo, pero no aceptan los basamentos ideológicos de los partidos, accedan a gobernar son las llamadas candidaturas independientes. En México, la opción de las candidaturas ajenas a los partidos políticos ha tenido una historia añeja que en el ámbito federal se remonta a la ley electoral de 1911, sin embargo, después de varias normativas, el escenario electoral fue desplazando a los ciudadanos hasta que los partidos se quedaron con el monopolio de las candidaturas.
Mucho se debe a Jorge Castañeda Gutman y su litigio con el Estado mexicano, primero con su petición el 5 de marzo de 2004, cuando presentó ante el (en ese entonces) Consejo General del Instituto Federal Electoral solicitud de inscripción como candidato independiente al cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para las elecciones del 2 de julio de 2006, la cual le fue rechazada, igual que sus peticiones de recurso ante la Suprema Corte, por lo que acudió ante los órganos internacionales de protección de los derechos humanos, en particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dictó en 2008 resolución a favor del quejoso, esencialmente ordenando la adecuación de la legislación nacional para que se atendiera su petición y garantizara el derecho humano a la protección judicial.
Ahí, se activó en el discurso público, la necesidad de candidatos independientes que aspirando al poder no estuvieran limitados a las negociaciones, procedimientos y cotos de poder de los partidos políticos. En México hay un galopante descrédito de las instituciones, entre ellas los partidos políticos.
La reforma constitucional del 9 de agosto de 2012, bajo el gobierno del presidente Calderón, permite las candidaturas independientes para las próximas elecciones presidenciales y de otros órdenes de gobierno o representación popular de 2018. Ahora, sabemos por los medios de comunicación y las redes sociales que mujeres y hombres anuncian ante la autoridad electoral su propósito de ser candidatas y candidatos independientes, bajo el manto (en más de un caso imaginario) de una autonomía, transparencia y apoyo popular que arropa al propio término de candidato independiente.
Bienvenidas y bienvenidos quienes tienen experiencia política, más los que saben distinguir el discurso de los candidatos y las decisiones de las mujeres y hombres de gobierno. Aspirar a un cargo de poder público implica una responsabilidad que debería llamar a la sensatez, sí ganan, gobernar, representar al pueblo es una altísima responsabilidad que requiere ética pública y privada, conocimiento de las necesidades de los gobernados, de las posibilidades económicas e institucionales de los gobiernos.
Pedir el voto confundiendo la popularidad de Facebook con la legitimidad política es, con respeto a los aspirantes, más que una ingenuidad, una grave irresponsabilidad. Gobernar implica debate, diálogo, consensuar con el adversario, incluir al diferente y gestionar para todos, trato personal, contacto humano, reconocimiento físico de tu semejante. No se trata de opinar y que miles (ajenos, con frecuencia de existencia virtual), que están de acuerdo te den likes, muchas veces comprados.
Cuidado con estos aspirantes a gobernar. La advertencia que nos dejó el reconocido sociólogo Zygmunt Bauman, acerca de la modernidad y la sociedad líquida es más que actual: nuestra sociedad vive un tiempo de cambio veloz, más allá de lo aceptado, más de lo que nos gusta, nos llaman a estar listos para cambiar, nos impulsan a cada momento a movernos en la modernización tecnológica, en los novedosos discursos; las esencias que nos daban solidez como la familia, las leyes o las instituciones hoy pueden ser diferentes en cualquier momento, son líquidas.
Tenemos miedo a perder lo conocido. Los gobiernos, las autoridades empujadas por los partidos, no son confiables para garantizar una certeza del bienestar futuro que todos aspiramos.
Por eso, transmutamos a la renovada opción de ciudadanos que sepan lo que queremos, que sean más nosotros, que ellos: los que han gobernado.
Sólo que entre los aspirantes existen ex funcionarios grises, fracasados, en otros casos, simulaciones de verdaderos sicarios electorales que se venderán en su tiempo al mejor postor o los que simplemente tendrán terapia ocupacional.
La popularidad, no es legitimidad. Pero, sobre todo, los likes, no son política, ni las fanpage hacen políticos. Ojalá no lleguemos a los tiempos de las candidaturas líquidas, con gobernantes virtuales y de redes sociales.
