El PAN, Somos México, sectores de la oposición y sus medios de comunicación han salido a quejarse por la detención del exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo. Manejan una narrativa que no se sostiene en los hechos. Hablan de una detención de coyuntura, dizque para tapar unos audios de la actual gobernadora de Baja California.
Pero los que sostienen esta narrativa ocultan que la detención de Ruffo viene de una investigación que tiene ya más de un año, pues se origina en el aseguramiento, el 4 de julio de 2025, de 129 ferrotanques con más de 15 millones de litros de hidrocarburos de procedencia ilícita en Coahuila. Y que estos datos se dieron a conocer, a nivel nacional, en la conferencia mañanera de la presidenta del día 8 de julio del año pasado. Así que no se trata de una detención para “tapar” algo, sino del resultado de investigaciones que iniciaron hace más de un año y que no por tratarse de personajes pertenecientes o ligados a partidos políticos se les debe dar patente de corso para delinquir.
Desde hace un año se sabía que una de las empresas involucradas en el aseguramiento en Coahuila, era Ingemar, de la que Ruffo es uno de los accionistas mayoritarios, pues cuenta con el 49 por ciento de las acciones, al igual que otro de sus socios.
Cabe señalar que el contrabando de derivados del petróleo, conocido como “huachicol fiscal”, es un tipo de delito que nació a partir de la reforma energética del PRIAN, en 2013, pues a partir de esa reforma comenzaron a darse, de manera indiscriminada, permisos a particulares para la importación de combustibles. Así que si hay alguien responsable en el origen de este tipo de delitos es el PRIAN. En un claro conflicto de intereses, políticos del PRIAN, como Ruffo, se beneficiaron con la reforma por ellos aprobada.
El huachicol fiscal contó con la complicidad del anterior poder judicial, por ejemplo, amparando a empresas que cometían ese tipo de delito, para que siguieran operando.
De manera relevante, hay que señalar que la lucha contra el huachicol fiscal no se dio en el sexenio del priista Peña Nieto, sino que comenzó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en donde se cancelaron 1,265 permisos para la importación de combustibles, al detectar que esos permisos eran usados para importar gasolinas y diésel haciéndolos pasar por naftas, aceites y otro tipo de lubricantes para pagar menos impuestos y defraudando así no sólo al fisco sino al pueblo de México.
