Hoy la Ciudad de México y diversas regiones del país padecen las consecuencias de movilizaciones sociales encabezadas por grupos que, ante la falta de respuesta oficial, recurren a la protesta para exigir atención a sus demandas.

En muchos casos, la protesta no es una elección caprichosa, sino el último recurso de quienes han agotado sin éxito las vías institucionales y sólo encuentran visibilidad cuando irrumpen en el espacio público.

En ese contexto, lo resuelto la semana pasada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de inconstitucionalidad 55/2024, adquiere especial relevancia. A partir de ese asunto, el Tribunal emitió cinco criterios de jurisprudencia sobre el derecho a la protesta en la vía pública, con los que dejó claro que el derecho a la protesta constituye un derecho humano que deriva de libertades fundamentales como la expresión, la reunión, la asociación, la información y la participación política.

No obstante, sería insuficiente leer este criterio únicamente en clave teórica o como una sofisticada declaración constitucional. El punto de fondo es: la persistencia de las protestas masivas exige al gobierno escuchar, atender y resolver los reclamos sociales.

Cuando las autoridades ignoran peticiones, dilatan soluciones, sustituyen el diálogo por la simulación o administran el conflicto con cálculos políticos, lo que hacen no es preservar el orden, sino incubar el descontento. Las calles ocupadas, los bloqueos y la presión social no aparecen de la nada; son el resultado de una cadena de omisiones institucionales que termina empujando a los inconformes a hacerse escuchar por la única vía que el poder ya no puede ignorar.

Por eso, reducir la protesta a una simple molestia hacía terceros o a un problema de movilidad supone invertir el orden de las responsabilidades. La verdadera perturbación no radica sólo en la manifestación y sus consecuencias en la movilidad y la vida pacifica de las y los habitantes, sino en un aparato público incapaz de ofrecer respuestas oportunas, sensibles y efectivas a quienes reclaman derechos, atención o justicia.

Eso ha demostrado el gobierno de MORENA, una ineficiencia en la gestión y comunicación política, incapaz de resolver los conflictos y apostando, mejor, a mantener una resistencia con granaderos, afectando no solo a los manifestantes, sino a los habitantes de las ciudades involucradas.

Ese contraste se vuelve todavía más evidente en el contexto del Mundial de futbol 2026. Mientras el gobierno busca proyectar hacia el exterior una imagen de orden, modernidad y capacidad organizativa, numerosas protestas han recordado que no se puede maquillar, ante los ojos del mundo, una realidad marcada por reclamos no resueltos. Son años, sino es que décadas, de omisiones y desaires en unas exigencias cada vez más constantes y fuertes.

Lejos de ser una “mancha” para el país, esas manifestaciones exhiben la contradicción de un Estado que invierte recursos, logística y narrativa en un escaparate global, pero que sigue sin responder con la misma eficacia a las exigencias de justicia, educación, seguridad y verdad.

En ese sentido, si bien la protesta es un ejercicio legítimo de libertades fundamentales también, es una evidencia incómoda del fracaso gubernamental. Cada concentración, cada cierre y cada exigencia colectiva recuerdan que, cuando el Estado no responde con eficacia, termina siendo el primer responsable de que la gente tenga que salir a las calles y de que cientos o miles de mexicanas y mexicanos deban sufrir todos los días por las inclemencias provocadas por la protesta.