La renuncia de la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, es un reflejo claro de la descomposición que el oficialismo ha infectado en las instituciones.

Desde su creación en 1990 como IFE, el órgano electoral construyó un desempeño profesional intachable. Durante décadas, se consolidó como una de las instituciones del Estado mexicano con mayor prestigio, confianza y aceptación ciudadana. El pilar de su integridad era, justamente, la honestidad en su gestión, transparencia, imparcialidad y, sobre todo, independencia frente al gobierno y los proyectos políticos en turno. Como árbitro de la democracia, el INE no puede permitirse vacilaciones, favoritismos ni complacencias.

No obstante, los bochornosos señalamientos de presunta corrupción en contra de su titular obligan a reflexionar sobre cómo, en menos de un lustro, la credibilidad y el respeto hacia el instituto se han erosionado profundamente.

Desde la llegada de la consejera Taddei, se construyó una narrativa pro sistema, caracterizada por decisiones a modo que facilitaron la incursión abierta y constante del partido gobernante en el órgano electoral. Muestra de ello fueron determinaciones tan cuestionables como el aval a mayorías artificiales en el Congreso de la Unión o el reciente acuerdo que autorizó las llamadas “boletas planchadas”. Todo esto enrareció el ambiente, minando la imparcialidad del árbitro y socavando su prestigio.

¿Qué sucedió? ¿Por qué el INE se ve envuelto, a través de la figura de su presidenta, en un escándalo de corrupción?

La respuesta es que el oficialismo, en su insaciable ánimo de control, ha colocado a perfiles cuestionables en puestos clave de la función pública. Motivados por el beneficio inmediato, la ambición de ciertos servidores públicos ha rebasado los límites de la legalidad y el decoro.

Si bien es cierto que toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario, y que en este caso particular la expresidenta del INE deberá afrontar las investigaciones y procedimientos que se inicien en su contra; no podemos soslayar que el gobierno federal y el partido en el poder fueron quienes avalaron, impulsaron y sostuvieron su permanencia en el cargo durante los últimos tres años.

Visto de esa manera, y como dicta el refrán popular, “tan peca el que mata a la vaca, como el que le toma la pata”; Morena no puede evadir su responsabilidad en este escándalo, pues les guste o no, ellos respaldaron a Taddei en el frente del órgano electoral. Por lo tanto, los errores y abusos cometidos durante su gestión comprometen directamente al oficialismo y no es admisible que ahora, después de abrirse el escándalo, pretendan lavarse las manos entregando la cabeza de la expresidenta, desmarcándose de toda responsabilidad.

Así, en una reflexión más profunda, este episodio muestra cómo la llamada Cuarta Transformación ha erosionado la pulcritud e integridad de instituciones tan nobles e importante del Estado Mexicano como el INE, afectando su credibilidad y confianza en la ciudadanía.

Si bien, la salida de la consejera presidenta abre una ventana de oportunidad para rectificar el rumbo, desde la oposición debemos estar alertas ante posibles imposiciones. Es momento de buscar un perfil profesional, técnicamente preparado y ecuánime; alguien que brinde certeza a todas las fuerzas políticas, garantice la equidad en los procesos electorales y, sobre todo, restaure el prestigio de un instituto cuya credibilidad ha quedado severamente lastimada.

Está por verse si los legisladores y defensores de la 4T actuarán con el aplomo y la altura de miras que exige este complejo escenario.