El pasado 18 de marzo, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, presentó una estrategia política relevante ante la compleja realidad del país: las y los defensores de México.

Es una convocatoria que busca responder, con organización y determinación, a un momento nacional que no admite indiferencia. No es un eslogan, es una propuesta que busca poner en el centro del debate una realidad evidente: México atraviesa una etapa compleja y oscura.

Basta observar algunos de los principales desafíos que enfrenta la nación para comprender la magnitud del momento. En distintos ámbitos se advierten señales de deterioro que, de no atenderse con responsabilidad, profundizarán la incertidumbre y el desgaste social.

La inseguridad es una de las expresiones más dolorosas de la crisis nacional. A los multihomicidios, feminicidios y desapariciones se suma la percepción de que en varias regiones la autoridad ha sido rebasada o sustituida por estructuras criminales. Cuando el miedo desplaza a la ley, se comprometen la paz social y la capacidad del Estado para proteger a la población.

También preocupa el deterioro de la relación con Estados Unidos, principal socio comercial de México. La presunta complicidad de actores políticos con el crimen organizado ha debilitado la confianza internacional. En ese contexto, la revisión del T-MEC es estratégica: si no se conduce con seriedad y visión de Estado, el país podría enfrentar mayor incertidumbre en inversión, competitividad y empleo.

En el terreno económico, las señales tampoco son alentadoras. La inflación ha golpeado el poder adquisitivo, mientras la desaceleración del empleo y la menor apertura de empresas reflejan un ambiente de incertidumbre. Detrás de estas cifras hay familias con más dificultades, jóvenes con menos oportunidades y negocios que luchan por sostenerse.

A ello se suma el descontento social en sectores estratégicos como el agropecuario, el transporte y la educación. Cuando estos grupos expresan su inconformidad mediante protestas cada vez más severas, queda claro que la fractura ya no es aislada. El bloqueo reciente en la carretera federal 57 mostró cómo la falta de atención oportuna puede afectar la vida diaria, la economía y la gobernabilidad.

Por si fuera poco, persiste un embate contra las instituciones, los contrapesos y los procedimientos democráticos. Cuando se intenta concentrar poder, desacreditar a los órganos autónomos o reducir la participación plural, se erosiona la confianza pública.

Frente a ello, no basta con lamentar los problemas; es necesario asumir una actitud activa y comprometida en defensa del país. Por esa razón, frente a este panorama, quedarse de brazos cruzados no es opción.