Más de 2 mil profesionales del sector salud en México se pronunciaron a favor de la “Ley Trasciende”, iniciativa impulsada por Samara Martínez, que busca la despenalización y regulación de la ayuda médica para morir, como parte del reconocimiento del derecho a una muerte digna en el país.
A través de un desplegado, médicas, enfermeras y especialistas en salud respaldaron las iniciativas legislativas presentadas a finales de 2025 en el Congreso de la Unión que buscan garantizar el derecho constitucional a una muerte digna, así como la regulación de la ayuda médica para morir, el fortalecimiento del acceso a cuidados paliativos, el respeto de la autonomía y de la libertad de decidir hasta el final.
“Las personas firmantes, profesionales del sector salud, manifestamos nuestro firme respaldo a que México garantice el derecho a una muerte digna mediante la regulación de la ayuda médica para morir para personas pacientes adultas con enfermedades crónico degenerativas, terminales y/o con alto grado de sufrimiento”, expresaron.
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Los firmantes también hicieron un llamado al Congreso de la Uniónpara legislar a favor de la ayuda médica para morir, garantizando a las personas en México la posibilidad de decidir, en condiciones de dignidad y sin sufrimiento, sobre el final de su vida.
En tanto, convocaron a más profesionales del sistema de salud, tanto del sector público como del privado, a sumarse a la causa, a abrir la conversación desde la evidencia científica, la ética médica y la empatía con las personas pacientes.
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En ese sentido, explicaron que el deber fundamental de la medicina es aliviar el sufrimiento y, en casos excepcionales, la ayuda médica para morir constituye una respuesta compasiva y profesional orientada al bien del paciente siempre y cuando sea su voluntad con base en la información plena y la posibilidad de toma de decisión hasta el final.
Añadieron que respetar la autonomía de la persona paciente es un principio ético irrenunciable y negar la posibilidad de decidir sobre el propio proceso de morir vulnera su dignidad.
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Los especialistas detallaron que una muerte digna es parte del derecho a la salud y garantizar la ayuda médica para morir, bajo criterios estrictos y regulados, es coherente con una concepción amplia del derecho a la salud centrada en la persona y no únicamente en la prolongación biológica de la vida de manera aislada.
Adicionalmente, advirtieron que la prohibición no elimina las prácticas de ayuda a morir, sino que las empuja a la clandestinidad, generando riesgos sanitarios, desigualdad y desprotección tanto para pacientes como para profesionales.
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Por ello, sostuvieron que una regulación permite establecer procedimientos multidisciplinarios claros, evaluaciones médicas rigurosas, supervisión institucional y seguridad jurídica, reduciendo riesgos y previniendo abusos.
Además, destacaron que la ayuda médica para morir no sustituye ni debilita los cuidados paliativos, sino que su regulación exige su fortalecimiento y disponibilidad universal.
Agregaron que la regulación ofrece certeza ética médica y jurídica, pues protege la objeción de conciencia, evita la criminalización del acto médico compasivo que respeta la voluntad de la persona paciente y fortalece el profesionalismo sanitario.
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Asimismo, enfatizaron que mejora la calidad del acompañamiento al final de la vida, porque fortalece la comunicación, la planificación anticipada y la toma de decisiones informadas, así como el derecho a despedirse en paz de sus seres queridos, generando una relación más transparente, empática y respetuosa entre pacientes, familias y equipos de salud.
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