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El director de la Unidad Municipal de Protección Civil de Querétaro (UMPCQ), Carlos Rodríguez Di Bella, desconoció si la empresa contratada por los exfuncionarios municipales de la administración capitalina pasada vinculados a proceso por la Fiscalía Anticorrupción sigue ofreciendo el servicio de capacitación. “Desconozco, Protección Civil no nos encargamos de las áreas referentes a compras o contrataciones de servicios, nosotros no tenemos injerencia en este manejo del recurso (...). Dentro de las adquisiciones que hemos realizado, no sé si alguna tenga que ver con esta empresa, pero desconozco, nosotros no nos encargamos de asignar a la proveedora”, dijo.
Aclaró que él hizo las observaciones correspondientes durante el proceso de entrega-recepción, señaló las acciones que podrían ser irregulares al Órgano Interno de Control, ya que es el área encargada de tomar las determinaciones.
Enfatizó que no puede dar mayor información porque no es la autoridad competente.
“Las observaciones presentadas en el proceso de entrega-recepción fueron puntualmente entregadas a las autoridades en materia de fiscalización, y ellos son quienes han tomado las determinaciones”, recalcó.
El domingo se informó a través de un comunicado que los dos exfuncionarios y un ciudadano estarán en prisión preventiva durante tres meses en lo que esperan la audiencia de su juicio.
Se asegura que este proceso se debe a que en agosto del 2019 la Entidad Superior de Fiscalización en el Estado de Querétaro (ESFE) presentó una denuncia luego de identificar en las cuentas municipales de 2017 un pago a un particular para que servidores públicos del anterior gobierno municipio recibieran cursos de protección civil.
Al ciudadano al que le pagaron 4 millones de pesos no se comprobó que realiza dicha actividad, y tampoco se acreditó que se hayan impartido los cursos; no está justificado para la auditoría pública, aún cuando dos funcionarios autorizaron indebidamente dicho pago.
El expresidente municipal, y ahora diputado federal plurinominal, Marcos Aguilar Vega, no ha emitido ningún pronunciamiento acerca de los funcionarios detenidos y que estuvieron al frente de dos dependencias en su administración.
Luis Nava Guerrero, actual presidente municipal de Querétaro, aseguró que en coordinación con el Colegio de Abogados y Contralores se revisarían las cinco concesiones más polémicas contratadas por la administración anterior: la instalación de parquímetros y el sistema de bicis compartidas; uso, aprovechamiento y construcción de señalización vial urbana; instalación, explotación, uso y aprovechamiento de pantallas de publicidad; servicio de recolección y tratamiento de basura; y el arrendamiento financiero para luminarias led.
Esto fue al inicio de la administración en 2018 y a la fecha no se han hecho públicos los resultados de estas revisiones o si sigue el proceso.