La necesidad de mejores gobiernos —diferentes del actual y de los pasados—, será el centro de atención de la sociedad hacia quienes fueron electos el pasado 6 de junio. El elemento diferenciador no es administrativo, que también se requiere, claro, e implica un diseño institucional acorde a los retos. La diferencia estará en los principios y valores en los que cada gobernante —y sus colaboradores— sustentará su actuar y la asunción de sus responsabilidades.

De entre las muchísimas cosas de las cuales la sociedad está harta de sus gobernantes, se encuentran las siguientes: su corrupción, enriquecimiento ilícito e impunidad; el uso faccioso del poder; que se administren y usen las necesidades sociales para formar clientelas políticas; que se polarice a la sociedad; de su opacidad operativa; de sus mentiras, incongruencias y pretextos; de su ceguera y sordera ante los reclamos sociales; del incumplimiento y omisión de sus responsabilidades básicas: mejorar la seguridad, progreso, bienestar y paz social; la inexperiencia, incompetencia y deshonestidad de los servidores públicos. Y, de manera especial, del manejo criminal de la pandemia, que ha cobrado la vida de más de medio millón de mexicanos, la mayoría de los cuales no debería haber muerto.

El periodo de transición debe ser un tiempo de conocimiento de la realidad —el punto de partido—; discernir y clarificar su papel y el de sus colaboradores (si 100% honestos; 100% profesionales, y 100% comprometidos), sobre lo que serán los objetivos y logros de su gestión —su punto de llegada—; y su estilo de gobernar para rescatar la indispensable credibilidad social.

Los gobernantes electos requieren definir si la relación con la sociedad será cercana o distante (ciudadanos o súbditos); si gobernarán involucrándola en su supervisión y en algunas decisiones y acciones de gobierno —y con qué límites—, considerando que la construcción del bien común es responsabilidad de todos, y tiene prioridades: los pobres; o si la mantendrán al margen, como viene sucediendo.

Resolver sus estrategias de comunicación para re-unir a sus comunidades y acabar con la polarización; cómo mejorarán el nivel y calidad de vida de sus gobernados, atrayendo la inversión productiva; la creación de empresas y fuentes de empleo; y la creación de infraestructura potenciadora del progreso económico, cultural, sanitario y social de su entidad.

Un tema complejo, pero necesario de atender, es la seguridad pública, vinculado al combate de la delincuencia organizada que opera en su territorio. Quizás para muchos gobernantes no sea tema porque poco o nada pueden hacer por ser un delito de competencia federal, en el que este poco o nada hace (por convicción o conveniencia); que la Guardia Nacional depende del gobierno federal; y por los limitados recursos y competencias de los gobiernos estatales y municipales.

Atacar la corrupción en la administración pública, no sólo requiere leyes y mecanismos de persecución y disuasión, sino también la ejemplaridad de los dirigentes, la vivencia de virtudes humanas y políticas, la supervisión de los colaboradores, y acabar con los cotos de poder de los corruptos.

La agenda es muy extensa y en todos los frentes se requiere creatividad, inteligencia, determinación, transparencia y colaboración social. Grandes retos, demandan grandes hombres y mujeres.

Periodista y maestro en seguridad nacional

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