El “error” que reconoce la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al informe presentado sobre la fiscalización del gasto público de 2019, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, constituye un grave problema de pérdida de autoridad de la ASF, en una doble vertiente. Por un lado, pone en cuestión su capacidad técnica para llevar a cabo un trabajo que tendría que hacer con el mayor rigor y profesionalismo. Y, por el otro, abre la duda acerca de si utilizó la información con “dolo” para dañar al actual gobierno. Ambas posibilidades son alarmantes y tendrán que aclararse a solicitud de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia del Congreso de la Unión, encargada de esclarecer los procedimientos legales y administrativos para deslindar responsabilidades.
En la tercera entrega de Informes individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública de 2019, que la ASF envió el pasado 20 de noviembre a San Lázaro, informó que la cancelación del aeropuerto de Texcoco tuvo un costo de 331,996 millones de pesos. Dos días después, dio a conocer un comunicado donde reconocía inconsistencias metodológicas en cuanto al monto de suspensión de la obra. Asunto delicado, pues aunque admitía el error, el daño al gobierno federal ya estaba hecho.
La rendición de cuentas y la fiscalización superior son temas centrales para la construcción de una democracia moderna. En este marco, si los gobernantes no responden de sus acciones a la sociedad; si el uso de los recursos públicos no es transparente, económico, eficaz y eficiente; si se perpetúa una visión patrimonialista y abusiva de los cargos públicos, las posibilidades de realizar un ejercicio democrático de los asuntos públicos resultan prácticamente nulas. Sin embargo, ¿qué sucede cuando esta tarea se encomienda a un organismo público que muestra incapacidad técnica (y, quizá, ética) para llevarla a cabo?
Larga es la historia de la Auditoria Superior de la Federación para realizar con autoridad esta labor, misma que hoy se encuentra en entredicho, según palabras de Juan Manuel Portal, exauditor de la ASF, quien considera que el mayor ente fiscalizador del país está involucrado en un gravísimo asunto por los errores en el informe individual sobre los costos del aeropuerto presentados por su sucesor, David Colmenares.
La gravedad de lo ocurrido no puede soslayarse en un momento en el que asistimos a una profunda crisis de confianza por parte de la ciudadanía hacia las instituciones democráticas. La autoridad se construye con mucho esfuerzo y durante largo tiempo, con responsabilidad y ética. La carta del Ejecutivo Federal a la Mesa Directiva de la Cámara Baja, solicitando la investigación y esclarecimiento sobre el informe de la ASF, señalando que el órgano “elaboró un informe falso sobre el procedimiento y el manejo de los recursos del gobierno”, tendría que tener una respuesta técnica creíble, considerando que “tal solución es necesaria para servir a la causa de preservar el prestigio de las instituciones”.
