La división de poderes y el principio de “pesos y contrapesos” constituye la forma de organización del poder público institucional, cuyo propósito es evitar la centralización de un poder que someta y subordine al pueblo a sus dictámenes. Sin embargo, desde el 2 de enero de 2023, que fue designada Norma Piña ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la mayoría de las decisiones tomadas por el máximo tribunal del país muestran una inclinación a favorecer a las élites políticas y económicas nacionales y extranjeras.

Confundir el modelo tripartito de la distribución del poder, pieza clave de la Constitución y de los Estados modernos para proteger los derechos de las personas, con una postura reclinada a favorecer a la oligarquía, debilita el fundamento mismo de la democracia. Abre la puerta a patologías que ponen en riesgo el principio de la separación de poderes. La intervención política de la ministra presidenta Norma Piña, a propósito de la investigación iniciada la semana pasada, a partir de una denuncia anónima presentada sin pruebas en contra de Arturo Zaldívar mientras fungió como ministro presidente de la SCJN, no augura un buen escenario.

La función principal del Poder Judicial consiste en impartir justicia de manera expedita, resolviendo conflictos entre las personas y entre los órganos del poder público, así como la protección de los Derechos Humanos establecidos en la Constitución Federal y los tratados internacionales, además de salvaguardar los derechos político-electorales de la ciudadanía. Está obligado a situarse de manera independiente y autónoma ante cualquier grupo de intereses creados para cumplir con su quehacer y convertirse en un contrapeso real frente a los otros poderes de la Federación.

En noviembre de 2023, Arturo Zaldívar presentó su renuncia a la SCJN para integrarse al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por Morena, con el propósito de colaborar en el proyecto de reforma al Poder Judicial. En varias ocasiones, el exministro ha declarado que la mayoría de los jueces del Supremo responde a la derecha, la oligarquía y al “PRIAN”.

La decisión de la ministra presidenta Norma Piña de dar cauce en este momento y de manera precipitada a una investigación judicial en contra del exministro Arturo Zaldívar, sin contar con pruebas y sólo basada en una acusación anónima, evidencia que se trata de una intervención política y no de un acto de impartición de justicia. Y, esto es preocupante. Es irregular que el Poder Judicial intente influir políticamente en la contienda entre los partidos políticos para inclinar la balanza el próximo 2 de junio.

Lo que está sucediendo en el escenario político que dio inicio con las publicaciones extranjeras que acusaban (sin pruebas) al presidente Andrés Manuel López Obrador de recibir recursos del crimen organizado; la reproducción masiva de “bots” con la etiqueta “#AmloNarcoPresidente”; y, la reciente investigación promovida por la ministra presidenta Norma Piña, forman parte de una estrategia para detener por vías “legales” la reforma al Poder Judicial y evitar la continuidad de la 4T.