A este país le urge, primero, contar con contrapesos al poder y, segundo, que sean efectivos. Si no es así, la búsqueda de los cargos públicos, seguirá realizándose sin importar sobre quién se pasa ni los métodos que se utilicen para alcanzarlos, sean la mentira... o la compra de firmas, como lo han hecho algunos aspirantes a candidaturas independientes, según comprobó el Instituto Nacional Electoral.

Hace unos días el instituto detectó que seis de cada 10 apoyos dados a aspirantes a una candidatura independiente fueron irregulares y la principal anomalía consistió en presentar “credenciales hechizas” o simuladas en la recolección de firmas de ciudadanos para poder aparecer en la boleta electoral. El hallazgo se dio particularmente entre los aspirantes a la Ciudad de México.

La maniobra se confirma ahora luego de que dos aspirantes a ocupar alcaldías por la vía independiente en la capital del país desistieron de su objetivo al reconocer que muchas de las firmas que habían obtenido estaban respaldadas por copias fotostáticas de credenciales. Ellos, explicaron, no participaron en la recolección de las firmas, sino brigadistas que apoyaban a Xavier González Zirión, aspirante independiente a la jefatura de gobierno.

Los interesados en llegar al poder sin tener que pertenecer a un partido, vía instaurada hace apenas tres años en el país, ofrecían actuar de manera diferente a la clase política, pero en la búsqueda de cargos a toda costa, son varios los que han incurrido en acciones fuera de la ley.

¿Vale la pena hacer trampa para alcanzar el poder? La respuesta seguramente es afirmativa para muchos de los involucrados, por lo que representa en la actualidad ocupar un cargo público: tener amplios recursos a disposición con escasa supervisión de su correcto ejercicio.

Baste recordar que la Auditoría Superior de la Federación revisa un porcentaje mínimo del gasto que se ejerce en el presupuesto federal y que las anomalías detectadas en pocas ocasionas terminan en ejercicio penal contra los responsables. En estas páginas Irene Tello Arista plantea también la necesidad de contar con verdaderas sanciones administrativas. Muchas de las faltas no necesariamente deben ser castigadas con cárcel, pero sí con sanciones económicas o la inhabilitación.

Por esa razón, mientras los contrapesos reales para el ejercicio del poder no funcionen de manera adecuada y no se apliquen los castigos correspondientes, la lucha por los cargos públicos se dará sin importar los medios, sean candidatos partidistas o —tristemente— independientes.

 

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