Los acontecimientos ocurridos la semana pasada revelan, una vez más, la presencia de un estado canalla que desestima las demandas de mujeres violentadas y protege con su ley a políticos y empresarios involucrados en redes de complicidad y corrupción. La detención de Mario Marín, ex gobernador de Puebla, por parte de la Fiscalía General de la República, acusado como presunto responsable del delito de tortura de la periodista Lydia Cacho Ribeiro en diciembre de 2005. Y, la confirmación del Consejo Estatal de Morena de la precandidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura del estado de Guerrero, quien tiene acusaciones en su contra de violación y abuso sexual.
Tuvieron que pasar casi 14 años para detener al ex mandatario poblano, cómplice de redes de pornografía infantil, trata y explotación sexual. El concierto de complicidades que lo cobijaron durante todo este tiempo lo mantuvieron a salvo. Cuando el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el aparato estatal se movió nuevamente a su favor. De nada sirvió la robusta tesis presentada por el ministro Juan Silva Meza. Al final, se impuso el voto (6-4) por la desestimación del proyecto de Silva Meza, lo que impidió el juicio político a Mario Marín. Determinación que, según palabras del ex ministro José Ramón Cossío, obstaculizó un precedente respecto a que los arreglos y juegos políticos de las autoridades que tienen efecto en los resultados sobre la impartición y procuración de justicia, constituyen una violación a los derechos humanos.
En la misma semana se ratificó la precandidatura de Félix Salgado a la gubernatura de Guerrero. A pesar de los cargos de acoso sexual y violación que pesan en su contra. El argumento de Mario Delgado, presidente de Morena, para defender esta postulación, es que no existe sentencia que lo declare culpable o inocente. Pero, como bien cuestiona la periodista Paola Zavala Saeb, en su nota publicada en Animal Político, ¿por qué no hay sentencia?
Se trata de un “político profesional” que ha gozado de fuero durante años al ser diputado federal y senador. Participa en redes de complicidad que lo protegen de las denuncias penales en su contra, como es el caso del actual gobernador priísta, Héctor Astudillo, según lo declarado por Javier Olea, ex fiscal de Guerrero. A lo anterior, se añaden las dificultades para denunciar un delito de violación porque los sistemas sociales y de justicia someten a las víctimas a procesos largos, poco claros e indignos. En Guerrero solo el 1.6% de las investigaciones del ministerio público derivan en vinculación a proceso ante un juez.
En síntesis, Félix Salgado no tiene sentencia penal que le impida participar en la contienda electoral de 2021. Y, Mario Marín será juzgado después de casi 14 años, como presunto responsable del delito de tortura de Lydia Cacho, con posibilidades de ser liberado. Estas aberraciones suceden porque existe un estado canalla que protege la impunidad y la corrupción, mientras castiga a las mujeres que se atreven a levantar la voz frente a la injusticia.
