Hace algunas semanas, se publicó un informe titulado “Los Millennials en la Pandemia: Perfil de ingresos y gastos”, elaborado por el área de Investigación de una prestigiosa institución bancaria.
En dicho documento, se analiza el papel que tuvieron las personas que pertenecen a la generación “Millennial”, es decir los nacidos entre 1981 y 1996, en la reactivación económica frente a la pandemia.
Dicho informe aborda el tema desde varias perspectivas. Comparativos entre ingresos de esa generación y las anteriores, por entidad federativa y, también, en cuanto a sus preferencias de consumo. Sin duda un documento ilustrativo para quien desea revisar el desarrollo del poder adquisitivo en nuestro país.
Sin embargo, en lo particular, me centraré en comentar un rubro que me parece esencial para la calidad de vida y que he estado impulsando fuertemente desde mi cargo como diputada local; me refiero a la vivienda.
De acuerdo con el referido estudio, Querétaro es una de las entidades más caras para vivir. Personas de entre 30 y 40 años gastan más del 40% de sus ingresos en renta de vivienda, y no porque desestimen adquirir una propiedad inmobiliaria, sino porque el poder adquisitivo es muy bajo para ese objetivo.
El promedio de sueldos para profesionistas ronda los 8 mil pesos, lo que implica que, aunque así lo desearan, las personas de esa generación no pueden acceder a la compra de vivienda.
Asimismo, Querétaro tiene uno de los costos más elevados en renta de vivienda, producto en gran medida de la especulación comercial, de quienes adquieren inmuebles con miras a tener un ingreso seguro para su edad de retiro. Ello ha impulsado una alta demanda del sector inmobiliario y, consecuentemente, la carencia de recursos suficientes para hacer frente a tales aumentos.
Esta situación responde, en parte, a la falta de programas sociales que permitan brindar a la población viviendas dignas, funcionales, sustentables y, sobre todo, asequibles. El último programa con estos alcances, implementado en el estado de Querétaro, se ejecutó en la administración del exgobernador Enrique Burgos García y de ahí para adelante, nuestra entidad ha carecido de una política de vivienda accesible a los bolsillos de las familias queretanas.
Así, la responsabilidad de hacer vivienda de interés social ha recaído sólo en el Infonavit y los programas del gobierno federal.
La falta de programas de apoyo e impulso en nuestra entidad responde, en gran medida, a la falta de una norma que establezca a la vivienda como política social.
Por eso, a mediados de este año, es que presenté en el Congreso del estado una iniciativa para crear la primer Ley de Vivienda del estado de Querétaro, con el objetivo de que la vivienda se vuelva un punto central para la administración pública.