Los datos del recién publicado Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2025 revelan que el agua sigue siendo uno de los principales puntos de contacto entre ciudadanía y gobierno. Durante 2024, las administraciones municipales recibieron más de 94 millones de solicitudes de trámites y servicios. De ellas, el pago de derechos por suministro de agua potable y drenaje encabezó la lista con más de 43 millones de registros. Ningún otro servicio municipal toca de forma tan cotidiana la vida de las personas. El agua no es solamente infraestructura: es gobernabilidad, legitimidad institucional y estabilidad social.
Sin embargo, el contraste entre la relevancia del tema y la profundidad de la información disponible resulta preocupante. Mientras el censo de 2023 incluía apartados detallados sobre captación, potabilización, drenaje, tratamiento de aguas residuales, programas de sostenibilidad y percepción ciudadana, la edición 2025 redujo el módulo hídrico a dos variables: disponibilidad del servicio de agua y disponibilidad de drenaje.
Si bien estos datos son relevantes, difícilmente son suficientes para construir una política pública hídrica moderna. La gestión del agua no puede reducirse a medir coberturas generales. México tiene miles de organismos operadores municipales con capacidades técnicas, financieras y administrativas profundamente desiguales. Algunos gestionan sistemas complejos que abastecen a millones de personas; otros sobreviven con estructuras mínimas, sin autonomía técnica, baja digitalización y redes cada vez más obsoletas. Sin información sólida, comparable y actualizada, el riesgo es administrar el agua prácticamente a ciegas.
En ese contexto, la reciente Ley General de Aguas, publicada a finales del año pasado, abre una oportunidad importante. La Comisión Nacional del Agua mantiene abierto el periodo de recepción de propuestas para integrar el próximo Reglamento de Aguas Nacionales, cuya publicación está prevista para junio. Ahí es donde realmente puede comenzar a construirse un nuevo modelo de gobernanza hídrica, acompañado de mejores sistemas de información, indicadores públicos confiables y capacidades institucionales reales para entender lo que ocurre en territorio y tomar decisiones con evidencia.
No es casual que, ante los vacíos de información pública, hayan surgido esfuerzos independientes como el estudio “Obsolescencia de la Infraestructura Hidráulica en México: Retos y perspectivas” del Tecnológico de Monterrey o investigaciones como “Agua que no has de beber” de BBVA. Ambos reflejan el creciente interés técnico y académico por dimensionar uno de los retos más complejos del país.
La discusión sobre el agua en México suele concentrarse en sequías o megaproyectos. Pero quizá otro desafío urgente sea construir instituciones capaces de generar información pública útil, transparente y de calidad. Porque sin datos, incluso las mejores intenciones terminan convertidas en improvisación. Y justamente por eso, la construcción del nuevo Reglamento de Aguas Nacionales no debería verse como un trámite administrativo más, sino como una oportunidad para que especialistas, operadores, académicos y ciudadanía participen en el diseño de un sistema hídrico más técnico, más transparente y más sostenible.
@RubenGaliciaB
